Sanciones desde 6.000 euros para las empresas que no cuenten con un plan de igualdad

Todas las empresas aragonesas que tienen entre 50 y 100 trabajadores están obligadas a presentar un plan de igualdad. El plazo para contar con esta medida, que afecta a más de 360 entidades, finaliza este lunes. No elaborar el plan o no aplicarlo se considera una infracción muy grave, que repercute en sanciones que oscilan desde los 6.000 hasta los 188.000 euros. La obligación para las empresas de más de 100 trabajadores estaba ya en vigor.

Este plan de acción supone la igualdad a la hora de seleccionar y contratar, sin tener cabida preguntas sobre el estado civil, el número de hijos o la estatura del candidato. Además, incluye que el grueso de las mujeres que trabajan en la compañía no cobren por debajo del salario medio de la empresa, mientras que hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades para acceder a puestos directivos o de promoción interna. La conciliación laboral y el plan contra el acoso sexual son también puntos innegociables del plan.

“Tenemos un área, que es la cantería del Somontano, donde el 50% son mujeres. Normalmente es un área masculina y en el resto animamos para que las mujeres ocupen lugares que siempre han encontrado hombres”, explica José María Calasanz, gerente de Somontano Social, un centro especial de empleo donde, desde hace años, trabajan para romper las barreras entre géneros.

Según los sindicatos, los retos de futuro son reducir la brecha salarial y avanzar en la conciliación. “El problema muchas veces es que las empresas tienen esto como si fuera una obligación y no como una responsabilidad social. Es fundamental que los planes de igualdad se elaboren con perspectiva de género. Y, para eso, es necesario que tanto las empresas como las organizaciones sindicales hagamos ese esfuerzo en formación y en educación”, señala Nerea Gracia, secretaria de Igualdad, Juventud y Movimientos sociales de UGT Aragón.

El diagnóstico previo al plan y cómo se negocia son las deficiencias que más detecta la administración. De hecho, el curso pasado solo recibió el visto bueno una tercera parte de los 150 planes presentados. “De ahí la importancia del control de legalidad que hacemos, porque no todo lo que se presenta realmente es un plan de igualdad ni se ajusta a la legislación. Rechazamos todos los que después de un requerimiento no lo han subsanado”, afirma la directora general de Trabajo, Soledad de la Puente.