Mas de 2.000 personas se acogieron el año pasado a la Ley de Pobreza Energética

Algo más de dos millares de personas recurrieron el año pasado a la Ley de Pobreza Energética en Aragón que impide la interrupción del suministro eléctrico por impago y 34.000 aragoneses se beneficiaron del bono social impulsado por el Gobierno de Aragón, según ha avanzado este jueves la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, durante su comparecencia en el Pleno de las Cortes a petición de Ciudadanos para debatir sobre la repercusión de la subida del recibo de la luz en los hogares vulnerables de la región.  

El incremento del precio en la factura de la luz desde el pasado 1 de junio ha generado malestar entre los ciudadanos, sobre todo porque España es el único país europeo en el que se pagan unos importes tan elevados. La situación afecta especialmente a los colectivos vulnerables, que se ven ahora más desfavorecidos teniendo en cuenta que durante abril y mayo ya se alcanzaron cifras récord en lo referente al pago de los suministros básicos. En este sentido, la consejera Broto ha defendido el papel que juega el bono social eléctrico, que supone una rebaja del 25% para las personas vulnerables y del 40% para las vulnerables severas y ha recordado la firma de convenios para que las empresas suministradoras no cortaran la luz en caso de impago por parte de los colectivos más vulnerables. Además, ha remarcado el cumplimiento de la Comunidad en la aplicación de la Ley de Pobreza Energética, además de los acuerdos alcanzados con Ecodes para poder sensibilizar y educar a las familias acerca de cómo utilizar la energía.

Ciudadanos, le ha pedido al Gobierno de Aragón que medie con el Ejecutivo central para frenar una subida que el diputado José Luis Saz ha calificado de "tarifazo" que  perjudica a los más vulnerables. "En el momento  de más debilidad de la sociedad, de las familias y de los consumidores, se les ha subido la luz de una manera que no tiene ninguna razón", ha criticado. El incremento de 37 euros del precio de la electricidad en los últimos 15 días conduce a la “desprotección de los hogares vulnerables”, motivo por el que parece evidente que “las personas que eran más vulnerables ahora lo son todavía más, los que estaban cerca han caído en el límite y los que se encontraban lejos de esa línea se han acercado bastante”. Para el diputado de Ciudadanos, es “inadmisible” que en el último año se haya producido un crecimiento del 45% en esta factura.

El PP critica "la inacción" de la DGA

Por parte del PP, Marian Orós ha aprovechado la ocasión para criticar al Gobierno de Aragón por la “inacción” mostrada durante la pandemia. “Señora Broto, han generado más paro, más pobreza, más incertidumbre y más miedo a enfrentar el día a día. Le recuerdo que 200.000 familias se han quedado este año sin el bono social eléctrico por no poder renovarlo”, ha resaltado. Ante esto, la consejera en materia ciudadana ha echado la vista atrás para matizar que el bono social se comenzó a regular con la anterior legislatura popular, pero “no hicieron ninguna difusión y hemos tenido que llegar nosotros para, afortunadamente, poder rectificar”. Además, la portavoz del PSOE Pilimar Zamora ha salido en defensa del Ejecutivo de Lambán calificando el discurso de la oposición de “irresponsable, alarmista, tendencioso y frívolo, con falta de rigor y generador de confusión”.

Aliaga reconoce que "algo habrá que corregir"

El vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha admitido en la sesión plenaria de este jueves la necesidad de realizar alguna corrección ante el alto coste de la electricidad, que ha llevado el precio del megavatio hasta los 90 euros. Aliaga ha comparecido a propuesta del PP para informar sobre cómo va a afectar el incremento de la factura eléctrica a los autónomos y pymes de sectores estratégicos para la generación de empleo y riqueza en la Comunidad.

El consejero ha reconocido que "algo habrá que corregir", pero ha advertido de que no será suficiente con bajar los impuestos ante unos costes del CO2 y del precio del gas que se han disparado. En ese sentido, ha destacado que el mercado eléctrico es complejo, que las modificaciones entraron en vigor el 1 de junio y que el debate quizá habría que tenerlo en unos meses, para ver cómo evoluciona, teniendo en cuenta además que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha adelantado que no descarta volver a suspender algunos impuestos. 

"Cualquier Gobierno algo tendrá que hacer", ha insistido. De ahí que se haya mostrado partidario de modificar la estructura tarifaria nacional, en la que ha considerado que existen infraestructuras "ociosas". Además, ha apostado por derivar los consumos a horarios en los que hay excedentes de energía para ser mas eficientes y cumplir los objetivos de descarbonización. Según Aliaga, este cambio no obedece a una decisión política, sino estructural a instancias de Europa, y ha criticado, respecto de los impuestos y en concreto del 21 % de IVA que se aplica en la fractura, que el PP no lo cambiara cuando gobernó en Madrid con mayoría absoluta.

Por los populares, Juan Carlos Gracia Suso ha acusado a la izquierda y al Gobierno central de no dejar a nadie atrás "cuando quieren meter la mano en el bolsillo de los españoles y los aragoneses", porque los cambios en el sistema supondrán una nueva subida de la factura de la luz del 30 %, lo que afectará a las consumidores y las pymes y autónomos.

Gracia ha insistido en el que el precio del gas y el CO2 ya habían incrementado la factura considerablemente pero la nueva modificación con franjas horarias ha sido una "decisión política", una medida del PSOE totalmente evitable con el único objetivo de recaudar más impuestos a las familias, no para fomentar el autoconsumo ni la eficiencia, y además llega en el peor momento.