Los trabajadores interinos de larga duración podrían conseguir una plaza estable

Los trabajadores de la Administración indefinidos no fijos, los interinos, de larga duración podrían conseguir una plaza estable. Es la recomendación que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) al Gobierno central a quien le reprocha la temporalidad de sus empleados y el retraso para convocar plazas.

El personal laboral indefinido no fijo son trabajadores que no han conseguido una plaza por oposición, pero llevan años encadenando contratos temporales en un mismo puesto. Y a ellos, concretamente a los que dependen del Estado, va dirigida la sentencia del TUE. Dice que si la Administración no cuenta con instrumentos para prevenir el abuso de la temporalidad, debería hacerles fijos.

"La Administración no creo que sea capaz de poder absorber todos los trabajadores indefinidos no fijos, en fijos, porque es darles su plaza. Nos encontramos ante una situación que va a tener una litigiosidad enorme", sostiene el abogado Eduardo Isla. 

Donde más se repite esta situación laboral es entre los auxiliares administrativos y los sanitarios. Para los sindicatos es un día de celebración, y piden a las Administraciones que terminen con la temporalidad y paralicen los despidos de los interinos. "La fijeza es prioritaria como reconocimiento a tantos años de servicios. ¿Qué más podemos decir? Si finalmente los tribunales optan por una indemnización, va a quebrar las arcas públicas", explica María Pilar Remírez, secretaria del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa).

También queda en duda qué ocurrirá con las convocatorias de oposiciones. "No creo que sea tan imprudente la Administración de promover todos los procesos de la oferta pública. Y veremos si vamos por el camino de la judicialización o por una nueva regulación", recalca el abogado. 

El Gobierno de Aragón está estudiando esta sentencia que, recuerda, hace referencia a la legislación comunitaria y estatal. Según los expertos, todo apunta a que finalmente será el Tribunal Supremo quien cuantifique los criterios para las Administraciones.