La policía desarticula una red criminal de venta de cadáveres a 1.200 euros en Valencia

La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, que falsificaba documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos después a universidades para su estudio. Cada cuerpo era vendido por 1.200 euros.

La investigación comenzó a principios de 2023, después de que los agentes conocieran que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria. Se detectaron falsificaciones en el libro registro y se comprobó la documentación del Registro Civil. Así comenzó la investigación.

Dos trabajadores de una funeraria se habían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo trasladaron a una universidad para su estudio, en lugar de darle sepultura. El fallecido debería haber sido enterrado en su localidad de residencia, sin embargo, fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.

Buscaban fallecidos sin familiares y preferiblemente extranjeros

Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad, según la Policía.

Así localizaron otro caso con este procedimiento. Un hombre fallecido en una residencia geriátrica habría firmado la autorización para la donación de su cuerpo tres días antes de morir, pero se demostró que tenía menoscabadas sus actitudes mentales. 

Los detenidos cometieron irregularidades también con las incineraciones de los cadáveres

Por otro lado, y continuando con las investigaciones, los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, una vez las universidades finalizaban la investigación, debían costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.

Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por once incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia. 

Finalmente, los agentes detuvieron a cuatro personas, los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores como presuntos autores de un delito de estafa. A dos de ellos también se les imputa un delito de falsedad documental.