La Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo de cancelación de deuda cada vez más utilizado

El número de particulares y empresarios que no pueden hacer frente a sus deudas en Aragón ha aumentado tras la crisis provocada por la pandemia. Solo en los nueve primeros meses del año, 355 autónomos y personas físicas han entrado en concurso de acreedores en la Comunidad, según datos de la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA Aragón). Son 32 personas menos que durante todo el año anterior, cuando se alcanzaron las 387. Para los deudores, especialmente importante es la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo de cancelación de deudas cada vez más utilizado en España y Aragón, aunque desde el Colegio de Abogados de Zaragoza lamentan que los Juzgados de lo Mercantil de la capital están revisando cada vez más los requisitos para concederla.

María (nombre ficticio) es una de las últimas personas que ha conseguido la exoneración de una deuda de un millón de euros en Zaragoza. Su calvario económico empezó en el año 2008, cuando arrancó junto a su marido tres negocios para los que compró locales con hipoteca. Cuando todo iba bien, tuvieron 13 trabajadores a su cargo. Pero, con la llegada de la crisis, las ventas comenzaron a bajar y entraron en dificultades para afrontar todos los gastos. Empezaron por liquidar los negocios, los proveedores y los trabajadores, y pidieron al banco alternativas. "Nunca, en ningún momento, nos hemos negado a pagar nada, pero el problema es que el banco no nos ha dado opción a nada", cuenta visiblemente emocionada. 

María (nombre ficticio) ha conseguido una exoneración de un millón de euros con la Ley de Segunda Oportunidad.

Con el paso del tiempo, María y su marido empezaron a ser embargados. "Nos lo quitaron todo. Los locales, el piso donde vivíamos con nuestras hijas, el coche... Nos quedamos sin nada. Y el problema fue que la tasación que nos hicieron de los bienes fue tan ridículamente baja que aún teníamos deuda que pagar. Tuvimos que buscarnos cualquier trabajo, el que nos podían dar, y finalmente hace cinco años contactamos con UPTA para que nos asesoraran sobre la Ley de Segunda Oportunidad", rememora.

Con la asesoría de Víctor Bajén, coordinador financiero de UPTA, María ha conseguido este diciembre la exoneración de la totalidad de la deuda, algo poco habitual en este tipo de casos, ya que generalmente se consigue la condonación parcial porque no incluye la deuda con la Administración Pública. "Tanto en España como en Aragón cada vez hay más casos favorables de exoneración. Lo que sí que hay que revisar y cumplir muy bien son los requisitos previos para acceder", apunta Bajén.

Para María, haberse liberado de la enorme mochila que suponía esa deuda ha sido el mayor alivio de su vida. "Era una cantidad de dinero que no podríamos haber pagado jamás. Ahora solo queremos trabajar y tener una vida normal. Lo hemos pasado muy mal", confiesa.

"Se han endurecido los requisitos"

El principal requisito para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad es actuar de buena fe. Es decir, se puede acoger a este recurso la persona que se no se ha endeudado de forma temeraria o negligente. En el despacho de Irene Romea, presidenta de la sección de Derecho Mercantil y Concursal del Colegio de Abogados de Zaragoza, habitualmente acuden deudores por contraer enfermedades, quedarse en el paro o, incluso, como consecuencia de un divorcio.

Además de esa buena fe, es necesario no tener antecedentes penales ni tampoco procedimientos administrativos graves por deudas públicas.

Romea coincide con Bajén en que la tendencia a condonar desde el año 2015 que apareció la Ley de Segunda Oportunidad en España es creciente. Sobre todo, porque es un recurso cada vez más popular entre los deudores. Sin embargo, en los últimos meses encuentra claroscuros. "Es más conocida a raíz de la pandemia. Pero hubo una modificación en septiembre y se han endurecido los requisitos. En Aragón, los casos favorables han crecido, pero no tanto como en España. La huelga de funcionarios ha sido bastante dura y en Zaragoza hemos notado un cambio de criterio en los Juzgados de lo Mercantil, recrudeciendo los requisitos", apunta. Por todo ello, en los últimos meses, según la experta, se han presentado "menos casos" y se ha visto "ralentizada" la resolución de expedientes.

En el despacho de la abogada se ha notado esa reducción reciente de exoneraciones. "El año pasado cancelamos deudas por valor de 11 millones de euros y este ejercicio solo de siete", ejemplifica. Sin embargo, valora que las consecuencias negativas de la crisis del coronavirus todavía no se han terminado de sentir en los negocios y cree que en los próximos meses llegarán ante los abogados o a asociaciones como UPTA más interesados por esta ley. En Aragón, los negocios con más problemas de endeudamiento son, por lo general, el comercio y la hostelería.

El riesgo de los avales

¿Cómo evitar una situación de insolvencia? Ni las prisas ni la desesperación son buenas consejeras. Preguntada por el perfil más frecuente de deudor, Romea afirma que por lo general las personas que no pagan es porque no pueden: "La mayoría de la gente se ve en un problema puntual vital, pide un préstamo, no lo puede devolver, y pide otro para pagar al anterior. Y estos préstamos no son baratos", indica.

Para la abogada, gran parte de culpa la tienen las entidades que dan préstamos rápidos sin un análisis exhaustivo de la capacidad de devolución. Por eso, recomienda dudar de las entidades que se anuncian por televisión o redes sociales con excesivas facilidades. También desaconseja los avales de los bancos. "Si tú puedes devolver el préstamo, no necesitas un aval. Si necesitas un aval, la persona que firma corre el riesgo de caer en la ruina", concluye.