El Gobierno da seis meses a Aragón para que se replantee la derogación de la ley antes de acudir al TC
Consideran que la derogación de la Ley de Memoria Democrática vulnera los derechos humanos y el derecho internacional
El Gobierno central ha dado un plazo de seis meses a los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana para que se replanteen la derogación de sus normas autonómicas de Memoria Democrática, antes de acudir al Tribunal Constitucional. Aseguran que para ello tiene el aval de los servicios jurídicos y que enviarán una petición formal a los ejecutivos regionales para sentarse a hablar.
En caso de que no lleguen a un acuerdo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que presentaran ese recurso ante el Tribunal Constitucional y ante organismos internacionales. Torres también ha anunciado que el Gobierno central actuará de oficio para incluir en la ley estatal aquellas derogaciones de las comunidades autónomas. "Apelo a esa responsabilidad de sentarse para intentar llegar a un acuerdo en los próxmos meses. Que la reparación de las víctimas que están en las fosas que perdieron la vida y fueron ejecutadas por defender un orden democrática debe ser un principio y un pilar fundamentalb sobre el que no haya discusión. Por tanto, si no lo hacen las comunidades autónomas, lo hará el gobierno central", ha advertido.
Desde el Gobierno de Aragón califican de "intachable jurídicamente" la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Una opinión avalada, dicen, por los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico. También ha rechazado la celebración de una comisión bilateral, ya que creen que no hay discrepancias jurídicas sobre este asunto.
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