El Gobierno aprueba el reparto de más de 600 millones de euros para reforzar la Atención Primaria y la salud mental

El Consejo de Ministros ha aprobado, este martes, una partida de 580 millones de euros para reforzar la Atención Primaria (AP) y una de 38,5 para impulsar la atención a la salud mental. A estas medidas también se ha sumado la Ley de Paridad, que obliga a que haya un 40% de mujeres en el sector público y privado.

El ministro de Sanidad, José Miñones, en rueda de prensa este martes, ha reconocido que la aprobada es la mayor inversión que se ha realizado en AP a lo largo de la historia. Un dinero que llega del presupuesto nacional y no desde los fondos de recuperación.

La medida ya fue anunciada por el ministro el pasado 17 de abril, tras presidir su primera reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El presupuesto destinado a la AP se enmarca en el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria, y las comunidades autónomas deberán dedicarlo a modernizar y mejorar los más de 13.000 centros de salud y a financiar nuevas salas de fisioterapia, radiodiagnóstico y urgencias. El propósito, dicen desde el Gobierno, es evitar esperas, saturación o desplazamientos innecesarios.

Mejora de infraestructuras en salud mental

Por otro lado, los fondos destinados a la salud mental buscan conseguir la mejora de las infraestructuras y equipamiento clínico de los centros, servicios y unidades del Sistema Nacional de Salud destinados a la atención de la salud mental comunitaria, tanto para la población adulta como para la infanto-juvenil. 24 de los millones, al igual que en 2022, servirán para impulsar la prevención, la detección precoz, la atención en salud mental y la sensibilización en la lucha contra el estigma. El resto, 14,5 millones, mejorarán las infraestructuras relacionadas con este servicio

Ley de Representación Paritaria

Asimismo el Gobierno ha aprobado la Ley de Representación Paritaria, que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales.

La norma ya había sido aprobada el pasado mes de marzo, aunque en ese momento solo afectaba a las listas electorales, la composición del Gobierno, los consejos de administración de grandes empresas, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público de personalidades. Ahora, el Ejecutivo ha introducido una modificación para que afecte también a los órganos constitucionales y los de relevancia constitucional. 

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha indicado que otra de las modificaciones introducidas consiste en la flexibilización del calendario de implementación de estos objetivos, que irá desde 2024 para el IBEX 35 hasta 2028 para las entidades de interés público.