Vaquero calcula que costará hasta dos millones "la mala praxis" del gobierno de Lambán con el transporte sanitario

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha calculado que costará entre uno y dos millones de euros de las arcas aragonesas "la mala gestión y la mala praxis" del ejecutivo dirigido por expresidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, en la anterior legislatura, con el transporte sanitario no urgente.

Así lo ha explicado en rueda de prensa Vaquero, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, y el director general de Asistencia Sanitaria y Planificación, Ramón Boria, después de conocer la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anula la concesión del transporte no urgente de Zaragoza por irregularidades en la adjudicación del Servicio Aragonés de Salud.

Mar Vaquero ha indicado que "todos los aragoneses vamos a tener que pagar las consecuencias" de la gestión del Gobierno socialista en Aragón durante la anterior legislatura.

"La irresponsabilidad, las irregularidades, la mala gestión y a la mala praxis en materia sanitaria del Gobierno del Partido Socialista de la anterior legislatura, la van a tener que pagar los aragoneses", ha lamentado.

La concesionaria no tiene suficientes ambulancias

El transporte sanitario no urgente se encarga de los traslados programados. Los que utilizan, por ejemplo, los pacientes en diálisis. En 2020, el anterior Gobierno adjudicó por 25 millones el servicio de los sectores de Zaragoza y Calatayud a la UTE Transalud. Lo que fue recurrido por dos empresas.

Ahora, el TSJA les ha dado la razón. Anula el contrato por las graves irregularidades, entre ellas la falta de ambulancias por parte de la concesionaria.

El fallo obliga al actual Gobierno autonómico a otorgar el servicio a las empresas que presentaron el recurso. Una solución que no es posible, dado que el contrato ha vencido. Por ese motivo, el magistrado establece que deben ser indemnizadas. La cantidad podría rondar entre uno y dos millones de euros.

A pesar de la sentencia, el servicio está garantizado y no corre ningún riesgo. Desde el Departamento de Sanidad se va a licitar un nuevo contrato que podría ver la luz en junio.