Trabajadores de la DGA se concentran ante el edificio Pignatelli para exigir la estabilización de las plantillas
El 51% de los empleados públicos son temporales. Piden que el Gobierno aragonés convoque, a la mayor brevedad posible, los concursos oposición para esas plazas
Los sindicatos Stepa y CATA han celebrado una concentración ante las puertas del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para exigir que se aplique la nueva Ley de Reducción de Temporalidad y se convoque una nueva oferta de empleo público de estabilización antes de que acabe el año. Actualmente, más de 30.000 trabajadores de la DGA son temporales, el 51% de la plantilla, de los que 17.000 deberían computar para un concurso de méritos, es decir, sin examen, al llevar más de seis años de servicios a 31 de diciembre de 2021.
Esta oferta, a juicio de los sindicatos, debe realizarse a través de un concurso de méritos con todas las plazas ocupadas por personal temporal con más de seis años de servicios a 30 de diciembre de 2021. Consideran que es la “solución óptima” para cumplir con la ley y “compensar a las víctimas de una práctica prohibida por la legislación europea y española”.
De hecho, desde el sindicato advierten del riesgo que podría suponer la pérdida de fondos europeos, ya que el Ejecutivo central se comprometió ante Bruselas a reducir la temporalidad al 8% de la plantilla antes de que finalice 2024.
En este sentido, desde Stepa han incidido en la necesidad de dar un giro de 180º a la política de personal después de cuatro años de “desastrosa gestión”, donde “han negado a la mayoría nuestros derechos”. “Primero hay que identificar las plazas que tienen derecho a estabilización y sacarlas de los procesos ordinarios y de la promoción interna. Cada proceso tiene sus normas y, por tanto, no deben mezclarse, lo que no impide que se celebren de forma paralela”, ha explicado la secretaria del sindicato, María Pilar Ramírez.
Por ello, esperan que el nuevo Gobierno de PP-Vox cumpla con los objetivos y convoque nuevos concursos de méritos, que deben estar aprobados antes del 31 de diciembre, tal y como se comprometieron en campaña. “Queremos que cumpla con el compromiso de identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos de la ley 20/21 para salir a concurso de méritos o concurso-oposición, incluyendo todas las no ofertadas; convocar estos procesos en el menor plazo posible; y no ofrecer las plazas identificadas en ningún otro procedimiento de provisión de puestos”, ha expuesto Ramírez.
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