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SOCIEDAD

Las entidades sociales valoran la eliminación del término 'disminuido' y piden una financiación que garantice sus derechos

PP y PSOE impulsan una reforma de la Constitución Española, que se tramitará por vía de urgencia en enero, para sustituir el término utilizado hasta ahora por el de persona con discapacidad

ARAGÓN NOTICIAS /
La Constitución Española modificará el artículo 49 para incluir el término de 'persona con discapacidad' en lugar de 'disminuido'. / Europa Press
icono foto La Constitución Española modificará el artículo 49 para incluir el término de 'persona con discapacidad' en lugar de 'disminuido'. / Europa Press

El cambio del término 'disminuido' en el artículo 49 de la Constitución Española por 'persona con discapacidad' es "una reivindicación de más de dos décadas por parte del movimiento asociativo y que ahora se cumple", ha destacado el presidente de Plena Inclusión en Aragón, Santiago Villanueva

En una entrevista en el programa Buenos Días de Aragón TV, Villanueva ha subrayado que esta modificación en la Carta Magna va a permitir "mirar a la persona desde un enfoque que concibe los derechos humanos y no solo desde un punto de vista médico asistencial". En este sentido, el cambio legislativo favorece "la plena autonomía y la inclusión social". "Las personas con discapacidad son ciudadanos de pleno derecho y pueden, por tanto, tomar sus propias decisiones", ha añadido. 

Desde Plena Inclusión en Aragón consideran que la modificación debería haber sido propuesta "por todo el arco parlamentario", aunque prefieren continuar "fuera de la confrontación política". 

Al margen de la modificación del artículo 49 de la Constitución, ha añadido Villanueva, "nos gustaría que este 2023 no estuviera solo marcado por este cambio, ya que hay bastantes cuestiones pendientes". Entre ellas, destaca el encarecimiento de la vida, que "ha impactado de manera brutal" en este colectivo, con un "sobrecoste de entre 26.000 y 46.000 euros al año".  

También, señala Villanueva, que este aumento en los precios "afecta a las entidades que prestan apoyo" a las personas con discapacidad y "cuyas plazas están, en ocasiones, infrafinanciadas".