El PP propone la disolución de las organizaciones que promuevan referendos ilegales y Vox, ilegalizar partidos independentistas

PP y Vox han presentado sus enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, que se debatirán la próxima semana. En su texto alternativo, los populares proponen la "disolución" de organizaciones que promuevan referendos ilegagales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional. Vox va más allá y quiere ilegalizar partidos que amenacen la unidad de España y el orden constitucional.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este miércoles que la enmienda de totalidad con texto alternativo que el PP va a presentar a la ley de amnistía busca también castigos para las "autoridades, cargos o funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales", buscando "perjudicar la unidad" de España.

Ese texto alternativo que complementa la enmienda es una reforma del Código Penal y apuesta por tipificar como delito las "declaraciones de independencia" y "lo referido a la violencia" o las "consultas ilegales", según ha avanzado Tellado.

El dirigente 'popular' ha rehusado aclarar si lo que se busca con la propuesta de promover "la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos" es ilegalizar a las formaciones independentistas, como sí defiende Vox. El pasado mes de noviembre, el PP votó en contra en el Senado de una iniciativa de los de Santiago Abascal que pedía la ilegalización de partidos soberanistas.

Tellado sí ha detallado que el texto alternativo del PP prevé la modificación del Código Penal, pero no de la Ley de Partidos Políticos de 2002 que sirvió para ilegalizar a Batasuna. Eso sí, ha indicado que la propuesta apunta a las "responsabilidades de políticos, de cargos políticos, de personas vinculadas a la Administración y de personas jurídicas" que sean partícipes de los referidos delitos que buscan tipificar los 'populares'.

Fuentes del PP han precisado que los partidos políticos son considerados personas jurídicas y que, además de la disolución, el texto que van a llevar al Pleno del Congreso incluye la "suspensión de actividades" de quienes incurran en los citados delitos. Además, este precepto podría aplicarse a organizaciones del ámbito independentista como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium Cultural.

Durante la rueda de prensa, Tellado ha enfatizado que esta enmienda de totalidad con texto alternativo a la "ilegal" ley de Amnistía es un "punto de partida para tratar de rearmar al Estado y frenar y revertir el daño" que le han hecho los independentistas y el PSOE con sus pactos para la investidura de Pedro Sánchez.

En este contexto, la reforma del Código Penal que el PP pone sobre la mesa persigue crear un "delito de deslealtad constitucional", tal y como anunció en su investidura fallida el presidente de la formación, Alberto Nuñez Feijóo.

No obstante, desde el partido avanzan que los tipos incluidos en el texto que se debatirá la semana que viene, y que previsiblemente será rechazado con la mayoría de la investidura, son solo una parte de lo que el PP entiende como "delitos de deslealtad constitucional".

Vox plantea ilegalidad partidos independentistas

Vox ha registrado este miércoles su enmienda de totalidad a la ley de amnistía, en la que vuelve a proponer ilegalizar partidos que amenacen la unidad de España y el orden constitucional y la creación de un nuevo tipo delictivo para castigar a las personas que negocien con procesados o "sustraídos" de la Justicia por delitos contra la Constitución, entre otros.

El partido de Santiago Abascal ya ha propuesto estos planteamientos en el pasado, advirtiendo de "los peligros" de "poner la gobernabilidad de España al servicio de quienes pretenden romper la unidad de la nación".

Vox también se reitera en propuestas registradas en anteriores ocasiones. Así, también propone una reforma del Código Penal para incrementar penas relacionadas con los referendos ilegales que atenten contra la unidad e integridad nacional. Asimismo, sugiere un endurecimiento penal en los casos de ultrajes a España y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno, o la recuperación de la sedición.