El certificado COVID genera reacciones en el mundo jurídico y el ocio nocturno

El secretario del Colegio de Abogados de Zaragoza, José Antonio Sanz, se ha mostrado a favor de que el Gobierno de España desarrolle una legislación marco estatal que regule el certificado COVID para que luego las comunidades autónomas puedan aplicarlo sin necesidad de una ratificación judicial.

En ese sentido, durante una entrevista en el programa Buenos Días, de Aragón TV, Sanz ha considerado “irreprochable” desde el punto de vista jurídico el planteamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de no querer analizar con carácter previo a su adopción las decisiones de las comunidades, sino una vez que se hayan aprobado y alguien plantee conflicto. Y, por ello, ha apostado por que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciará a favor de esta postura. 

En caso contrario, “nos cargamos la distribución de funciones y la distinta función del poder legislativo y el judicial”, ha advertido. Y lo ha razonado de la siguiente manera: “Si alguien quisiera impugnar una decisión tomada por una Administración que ha sido previamente ratificada por el tribunal que luego va a enjuiciar si es correcta o no, esa decisión del órgano judicial estaría viciada porque este habría informado con carácter previo y cualquier recurso estaría enjuiciado por alguien que ha formado parte de la decisión”. 

La ausencia de esa normativa estatal sobre medidas como el certificado COVID, una herramienta legal para la que Sanz cree que ha habido “tiempo suficiente” para haberla desarrollado, está ocasionando que la justicia adopte decisiones en apariencia contradictorias como rechazar el pasaporte en Andalucía y autorizarlo en Galicia, pese a que, como ha aclarado Sanz, corresponden a circunstancias  diferentes. 

Por eso ha destacado la “audacia” mostrada por el Gobierno de Aragón con la Ley 3/2020 para la adopción de los confinamientos perimetrales sin necesidad de conseguir el aval judicial y sorteando la ratificación de cada una de las medidas. Una solución en la que cree que el Ejecutivo autonómico puede estar pensando en caso de que los tribunales no respalden su intención de implantar la obligatoriedad de presentar el certificado COVID.

Sobre ese documento, el secretario del Colegio de Abogados de Zaragoza ha valorado que el TS parece tener ya claro que su exigencia puede estar justificada según las circunstancias porque el “resentimiento” que puede producir en derechos fundamentales como el de la intimidad tiene un carácter “tenue”, ya que, según ha apuntado es una cuestión "socialmente aceptada" que abarca a entre un 80% y un 90% de la población y para la que se plantean "documentos alternativos". 

Reacción del ocio nocturno

Desde el sector del ocio nocturno, su portavoz en Zaragoza, Jaime Campuzano, ha mostrado su recelo con la medida. "¿Estamos a favor de pedirlo? Sí, pero para todos. Porque si un cliente no entra a mi local, se va a ir a un bar porque no le van a pedir nada y otra vez estamos en desigualdad”, ha lamentado.

Por ello ha considerado que se trata de una medida "de abuso" contra su sector. "De aplicarse, debería hacerse en cualquier bar, restaurante, centro comercial, transporte público…". En ese sentido, Campuzano ha defendido que los locales de ocio nocturno son los “mejor preparados" para la actividad porque disponen de los sistemas de ventilación y pureza del aire "más modernos”.

Además, ha apuntado que no tienen personal cualificado para comprobar si el pasaporte es verdadero o no y que se trata de un documento europeo para “pasar fronteras”, por lo que no hay legislación regional ni nacional que ampare su uso. “En Francia han hecho suyo el documento, han sacado una legislación y un reglamento y, en consecuencia, las administraciones han creado aplicaciones y sistemas para el control de ese pasaporte COVID”, ha explicado.