El Gobierno limitará el trabajo al aire libre cuando haya alerta roja o naranja por calor

El Gobierno pretende prohibir el trabajo al aire libre "cuando exista alerta naranja o alerta roja" por altas temperaturas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una medida con la que se modificará el reglamento de prevención de riesgos laborales y que se aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario en el que se acordarán una serie de medidas contra la sequía.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avanzado la intención del Ejecutivo en una visita a la localidad madrileña de Alcorcón, donde ha explicado que esta y otras modificaciones de la legislación laboral se llevarán a cabo con el objetivo de hacer frente a la sequía y a las consecuencias del cambio climático.

"Vamos a emprender unas modificaciones legislativas para, justamente, incorporar en la legislación laboral medidas específicas de cumplimiento obligatorio de las empresas. Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo", ha insistido Díaz en declaraciones a los medios.

La ministra de Trabajo ha reiterado la necesidad de tener en cuenta los factores climatológicos en el reglamento de riesgos laborales para evitar episodios muy graves que se han dado otros años, donde han llegado incluso a fallecer trabajadores ante golpes de calor en ocupaciones como la limpieza de las calles o la recogida de basuras.

Las actividades laborales que se verán interrumpidas por las temperaturas extremas serán fundamentalmente tareas como limpieza o recogidas de residuos, además de que también se establecerá la obligación de reducir la jornada laboral y cambiar horarios cuando se den estos avisos por parte de la Aemet. 

Más medidas contra la sequía

Esta es una de las medidas que se llevan al Consejo de Ministros extraordinario, donde también se aprueban medidas de apoyo en materia fiscal, laboral, social y financiera "con un impacto de 450 millones de euros" a través del decreto aprobado el 15 de marzo de 2022, a las que se suman 650 millones más en ayudas directas extraordinarias "ya pagadas" a sectores ganaderos y cítricos y para paliar el aumento en el coste de fertilizantes.

Además, constan aplazamientos de cuotas sociales para empresas y autónomos, una rebaja fiscal "histórica" con reducciones del IRPF en el sistema de módulos para más de 800.000 agricultores y ganaderos, otros 25 millones de euros en préstamos bonificados y avales, el fomento de los seguros agrarios -que en 2023 será de 317,7 millones- y la flexibilización en las ayudas de la PAC, entre otras medidas, según fuentes del Gobierno.