Aragón tiene 4.276 plazas de funcionario sin resolver desde 2018

Ahora mismo hay 4.276 plazas sin resolver de funcionarios y personal laboral en Aragón. “Se va avanzando, pero la madeja es de dimensiones complicadas”, ha asegurado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro en las Cortes de Aragón. Desde 2018, la Comunidad tiene ofertas de empleo pendientes de ejecutar, entre los distintos procesos ordinarios de los últimos seis años y el “macroconcurso” de 2022, a lo que habría que sumar los otros 843 puestos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2023, aprobada el pasado 27 de diciembre.

En concreto, 762 plazas sin resolver están pendientes de las ofertas de 2018, 2019 y 2020, incluso “algunas de ellas sin publicar las listas de admitidos y excluidos”, ha concretado el consejero. Mientras, de 2021 hay 325 plazas y sólo dos resueltas, de letrados, y otras 276 correspondientes a 2022. El resto, hasta 2.915, se corresponden con el “macroconcurso” de 2022, por el que se lanzaron más de 8.000 plazas en distintos niveles y organismos, según han explicado fuentes del Departamento de Hacienda.

De esas 4.276, el Ejecutivo va a desbloquear las primeras 716 en abril, que se dividen entre 330 nuevas de 2021 y 2022 y 386 sin resolver de 2018, 2019 y 2020. “Hemos acordado con los sindicatos desbloquear urgentemente del 2022 para atrás y después ponernos a trabajar en las de 2023 y las próximas de 2024. Poco a poco vamos avanzando”, ha subrayado Bermúdez de Castro.

Pese a todo este “atasco”, Bermúdez de Castro no ha querido hacer “reproches” al anterior Gobierno, consciente de que “muchas de las cosas del pasado, sobre todo a partir de 2020, fueron fruto del covid, que hizo que muchas convocatorias se paralizasen”. Además, ha reconocido los problemas al tener que cambiar al director general de Función Pública, ya que el primer elegido por el Gobierno de PP-Vox pidió su salida por motivos personales.

El consejero de Hacienda ha comparecido en las Cortes para exponer los detalles de la OPE de 2023, por la que se aprueban un total de 843 plazas, siendo 530 correspondientes a la tasa de reposición ordinaria y 313 plazas sujetas a procesos de estabilización mediante concurso, de la misma forma que contará con 96 plazas de promoción interna. “Una vez que hemos conseguido esta OPE, nuestro objetivo, y debería ser de todos los grupos, sería desbloquear la maraña de 2018. Hemos decidido agrupar procesos para intentar ir resumiéndolos en el menor tiempo posible”, ha señalado. Una OPE de 2023 que, según ha avanzado el consejero, ha sido recurrida por todas las partes, por los sindicatos principales y por los de interinos, “unos por sacar pocas plazas y otros por muchas plazas”.

Sobre este asunto, desde la oposición han sido receptivos a un trabajo conjunto para acabar con la gran temporalidad que afecta a la administración autonómica. Desde el PSOE, el diputado Óscar Galeano ha destacado la predisposición del Gobierno central para aumentar las plazas, en comparación con el Ejecutivo de Rajoy. “En 2016 se ofertaban 262 plazas por las limitaciones que provocaban las tasas de reposición del 50%. Hoy nos vamos a una OPE, que se puede ofertar con la ministra Montero, con el 120% de reposición”, ha destacado.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha valorado el trabajo de los funcionarios públicos, que, a su juicio, son “necesarios” para “disponer de servicios públicos de calidad”, con el deseo de acercarse a los datos de los países nórdicos. “Me enervo cuando oigo que sobran funcionarios. Es un desconocimeinto total, es pensar en los funcionarios de manguito que van a echar la mañana. Hablamos de quienes cuidan de nuestra salud, educación y servicios sociales. Hay un 17% de empleo público. Yo me quiero comparar con los países nórdicos, con Noruega, un 30%, Dinamarca el 28%, o Finlandia un 25%, con grandísimos servicios públicos”, ha afirmado.

Desde Teruel Existe, Pilar Buj ha incidido en el “grave problema” que puede ocasionar las próximas jubilaciones, al mismo tiempo que reclama más plazas en el medio rural. “¿Va a establecer algún mecanismo para distribuir las ofertas de empleo en el territorio? ¿Qué medidas va a adoptar para hacer más atractivos los destinos en el medio rural y que Fraga, Utrillas o Graus, por ejemplo, puedan recibir algún funcionario en destino definitivo? ¿O van a estar siempre condenados a cambiar de interino cada tres años? Zaragoza tiene el 51% de la población pero recibe el 81% de los efectivos”, ha cuestionado.

Finalmente, el diputado de IU, Álvaro Sanz, se ha centrado en el “abuso de temporalidad”, una “bola de nieve” que se ha ido agrandando en los últimos años con respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “Todos coincidimos en que ninguna solución va a garantizar la satisfacción de todos, pero el problema ya no es político, sino legal y judicial. Es muy seria la ultima sentencia del TJUE. El tirón de orejas es mayúsculo”, ha advertido.

Sobre cómo repercutirá en Aragón la sentencia de la justicia europea que plantea que los interinos se conviertan en fijos, Bermúdez de Castro ha explicado que aplican medidas para regularizar la situación de los interinos cumpliendo la ley, a la espera de que se pronuncie el Supremo sobre este asunto.