Uno de cada cuatro menores aragoneses viven por debajo del umbral de la pobreza

Menos niños, más pobres y con más problemas. Así resume el Justicia de Aragón su informe sobre la Infancia y Adolescencia de 2022. El año pasado, la tasa de pobreza relativa, que tiene en cuenta el poder adquisitivo medio de la Comunidad, aumentó un 16% entre los menores. Esta ha pasado del 21,34% al 24,93%. El lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha entregado este informe y las sugerencias para atender mejor a esta población al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.

“Es una barbaridad que una cuarta parte de los menores esté en situación de pobreza”, ha subrayado el asesor de Menores y Mayores del Justicia, Andrés Esteban. Este ha explicado que, además, la pobreza es acumulativa: “Se asocia a un mayor fracaso escolar, obesidad, pérdida de oportunidades, no pueden ir de vacaciones, no pueden afrontar gastos extra como jugar en un equipo de fútbol”.  

En la comparativa nacional, Aragón mantiene una situación más favorable. La tasa de pobreza en España afecta al 28,82% de los menores, pero esta diferencia ha disminuido tras constatar un incremento en nuestra Comunidad. 

Además, en el informe alertan de cómo sufren también la precariedad familiar. “Más de una cuarta parte de los hogares aragoneses no pueden hacer frente a gastos imprevistos, con un fuerte impacto y consecuencias significativas para los niños y niñas que viven en dichas familias, y cerca del 10 % no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada”, alertan.

La desigualdad territorial es otro de los problemas que afronta esta población. “Depende de dónde se viva pueden acceder a unos servicios u otros”, lamenta el lugarteniente. De hecho, han señalado que hay poblaciones con una tasa de pobreza relativa por encima del 40%, como Épila, Caspe o Ricla, y otras por debajo de 15%, como María de Huerva o Villanueva de Gállego.

El lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha entregado el informe sobre Infancia y Adolescencia al presidente de las Cortes, Javier Sada.

“Hay cuestiones y tendencias preocupantes que son una realidad”, asegura Javier Hernández. Entre ellas, el descenso de la población menor de 18 años en Aragón. En 2022 se registró una bajada de 1.725 personas, que no hace más que seguir la tendencia de la última década en la que la población de un año ha disminuido un 30% en la Comunidad. “Cada vez son menos y es muy preocupante, la pirámide poblacional se está quedando prácticamente sin base”, advierte Hernández.

Aumentan las quejas

Durante el año 2022 también han aumentado el número de quejas que han llegado al Justiciazgo relacionadas con menores. Han destacado, por ejemplo, las relativas a la lista de espera para acceder al Programa de Atención Temprana, que es de 400 niños menores de seis años. “Un retraso de meses a los dos años no es lo mismo que en la edad adulta”, ha resaltado Andrés Esteban.

Aunque las reclamaciones sobre temas sanitarios han bajado, constatan un déficit de la atención a la salud mental. Según el informe del Observatorio aragonés para la Convivencia y contra el Acoso Escolar, en el pasado curso se registraron 221 notificaciones de casos de 'bullying' mientras que, solo en el primer trimestre de esta año, ya han alcanzado las 17. En cuanto a casos de ideación suicida, se registraron 405 en el pasado curso y 225 en los tres primeros meses de este año. Unos datos que reflejan para el Justiciazgo la necesidad de atender mejor la salud mental infanto-juvenil.

Por otra parte, sí han detectado una mejoría en los centros de acogida residencial, que consideran que están funcionando de acuerdo a lo planteado en la normativa y que los niños y niñas se siente allí bien acogidos. Una labor que se ha puesto de manifiesto con la acogida de familias ucranianas que han huido de la guerra.

Este informe termina proponiendo una serie de sugerencias para que sean aplicadas por parte de las administraciones públicas. Piden al Gobierno de Aragón que implemente un sistema de recogida de datos para afrontar entre otras cosas la realidad demográfica que provoca una disminución de derechos en la infancia según su lugar de residencia. Además, creen que es necesario reformar la Ley de la Infancia y Adolescencia en Aragón, aprobada en 2001, para actualizarla a la nueva realidad. Y sobre todo tratar de afrontar los problemas detectados de forma transversal para erradicar la pobreza infantil y cumplir con los derechos de los menores.