Piden 22 años de cárcel para el acusado de enviar cartas explosivas a varias instituciones y una empresa zaragozana

La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Pompeyo González, el hombre de 74 años detenido en Burgos por el envío, entre noviembre y diciembre de en 2022, de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé le acusa de un delito de terrorismo, por el que pide 10 años de prisión, y de otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, por el que se sumarían otros 12 años. Y pide también para él una medida de seis años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de cárcel.

Le reclama además el pago de una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar la carta que envió allí el acusado.

Buscaba la conmoción de la sociedad por el apoyo de España a Ucrania

"Pompeyo González Pascual, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española" elaboró dichos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos), relata la fiscal en su escrito de acusación.

Imagen del dispositivo que desactivó el sobre enviado a la sede de Instalanza en Zaragoza. | CARTV

Considera además que la cantidad de explosivo empleada "y su disposición en el artefacto sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados".

 Esto podría ocurrir "tanto por la propia explosión de la sustancia como por el impacto de la metralla incorporada (postas de plomo) y la producida por la fragmentación del perfil metálico debido al confinamiento del explosivo y demás elementos utilizados para su fabricación (principalmente tuercas y tornillos)", añade.

El pasado 14 de abril, el juez del caso, José Luis Calama, dejó en libertad a este funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert ("sobre" en ucraniano).

Para garantizar su presencia en un futuro juicio, le impuso la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar un domicilio donde ser localizado.