Las entidades de personas con discapacidad señalan el camino más allá de los cambios en la Constitución

La eliminación de la palabra 'disminuido' de la Constitución era una reclamación histórica de Cermi, la entidad que representa a las personas con discapacidad en España. Este miércoles, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, se ha reunido con ellos para hablar sobre sus reivindicaciones en Aragón.

Una de sus peticiones era que a la palabra 'disminuido' la sustituyera en la Carta Magna el término 'persona con discapacidad'. No es solo un cambio de léxico, dicen, es un cambio de concepto. "Habla de inclusión, habla de que la administración pública proteja esas medidas que haya que hacer para que las personas que tenemos una discapacidad estemos incluidas en la sociedad. Hablamos de un modelo médico que incida en las personas", ha explicado la presidenta de la entidad en Aragón, Marta Valencia. 

Para lograr todo eso, organizaciones como Cermi o Plena inclusión piden que los derechos no se queden solo sobre el papel. Hablan, por ejemplo, de la legislación autonómica. "Hay que avanzar en lo que es la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad, una ley que se aprobó hace cuatro años, en 2019, y que todavía no se ha desarrollado. Entendemos que es una ley que debería ser desarrollada y para nosotros es una prioridad", ha manifestado en la reunión el presidente de Plena Inclusión Aragón, Santiago Villanueva. 

El próximo 5 febrero se sentarán con el Gobierno de Aragón para trabajar en ello. Por el momento, este miércoles han comenzado ya a establecer las prioridades, como ha señalado la consejera Susín: "El desarrollo de la ley es transversal porque no es solo una cuestión de accesibilidad, es una cuestión de barreras arquitectónicas, de acceso a la cultura, de acceso al deporte y de acceso a todos los derechos que tenemos los ciudadanos que no tenemos una discapacidad".

En esa línea, el Consejo de Gobierno aprobará el próximo 30 de enero la reforma del Código de Derecho Foral Aragonés para adaptarlo al reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad.