La Unidad de Atención a Víctimas de Discapacidad Intelectual ha ayudado a 40 personas este año

La Unidad de Atención a Víctimas de Discapacidad Intelectual-UAVDI Aragón ha atendido a 314 personas desde que se creó, en 2015. Solo en el último año ha atendido a 40. Es una cifra similar a la de 2022. El 67% de las usuarias han sido mujeres y la tipología más numerosa continúan siendo los delitos contra la libertad sexual, que suponen un 42% de los casos.

Son algunos de los datos que han dado a conocer el presidente de Atades (organización que gestiona esta unidad), Antonio Rodríguez Cosme,  y el coordinador de la UAVDI, Alejandro Aineto, en declaraciones a los medios antes de participar en el encuentro interdisciplinar en la delegación de Gobierno, presidida por el delegado, Fernando Beltrán, y en las que han puesto de manifiesto las dificultades de las personas con discapacidad intelectual para denunciar los hechos o poder expresar lo sucedido.

En ese proceso intervienen Alicia Mas y Alejandro Aineto, los dos únicos psicólogos-facilitadores en Aragón. Una figura presente solo en otras cuatro comunidades autónomas. Ellos se encargan de allanar el camino del proceso judicial a las víctimas de abuso con discapacidad intelectual. Adaptan las pruebas periciales a las limitaciones de estas personas, dan coherencia a su relato y les hacen comprensible la jerga judicial. En definitiva: intentan superar las barreras de comunicación.

"Se veía que muchas denuncias no llegaban a término porque las personas con discapacidad intelectual entraban en algunas incongruencias y se quedaban muchos procesos en el aire", recuerda Mas.

El 95% de los 40 casos investigados corresponden a la provincia de Zaragoza

Entre las necesidades detectadas en el último año por este servicio, Aineto ha destacado que el 95% de los 40 casos investigados corresponden a la provincia de Zaragoza, por lo que el reto es poner las medidas adecuadas para poder detectar los casos en las provincias de Huesca y Teruel.

Otra es ampliar el servicio para atender no solo a víctimas con discapacidad intelectual, sino al conjunto de personas con esta afección que tengan que pasar por un proceso policial y judicial porque tienen "derecho a ser entendidas y a entender lo que está pasando a su alrededor" cuando acceden al sistema de justicia, ha recalcado.

El 85% de las personas que atienden tiene una discapacidad "ligera", por lo que muchas veces pasa "desapercibida" para los agentes implicados a nivel policial y judicial, y son los profesionales que atienden a este colectivo los que derivan los casos directamente a la unidad, aunque en otros casos interviene en un primer momento cuando se pone la denuncia.

Aineto ha apuntado que la mayoría de los delitos cometidos contra la libertad sexual de personas atendidas con discapacidad intelectual son de carácter "extra familiar", frente a otros estudios que sí informan sobre supuestas violaciones en el ámbito familiar, sobre todo en población que no tiene discapacidad, y por ello ha apuntado que es necesario analizar si no se están detectando estos casos.

Ha añadido a este respecto que muchas veces las personas con discapacidad intelectual dependen de una tercera persona, un cuidador, que suele ser de la familia y que es difícil que dé la voz de alarma sobre situaciones de violencia contra la libertad sexual que se producen en el núcleo intrafamiliar.