La comisión de investigación de la prórroga del bus concluye que era legal

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza ha votado el dictamen de la comisión de investigación y los votos particulares de los grupos del PSOE, Vox  y ZeC, y concluye que la prórroga de la contrata del autobús fue legal, pero Vox ha reclamado más "transparencia y lealtad".

Precisamente, ha sido el voto particular de Vox el único que ha salido adelante al contar con el apoyo de PSOE y ZeC y la abstención del PP; mientras que los del PSOE y ZeC, se han rechazado con la mayoría de PP y Vox. El dictamen, que ha incluido el voto particular de Vox, ha prosperado con los votos a favor de PSOE, ZeC y VOX, y la abstención del PP.  Un voto que recoge que al decidir el Gobierno de la ciudad la electrificación de la flota y las cocheras "era más que cuestionable" lanzar un estudio técnico de reordenación de líneas, por lo que el gasto de 170.000 euros "fue improductivo" y se lo pudo haber ahorrado el Ayuntamiento.

Otro apartado del voto particular de Vox recoge que los compromisos financieros a los que se enfrenta la concesionaria Avanza desde mayo de 2021, cuando se decide electrificar la flota y a dos años de vencer la contrata "debió suponer aportar garantías ante los acreedores para aprobar la operación financiera" para el pago de los autobuses eléctricos que el Ayuntamiento podía compensar en 10 años, por lo que es "inverosímil pensar que los acreedores facilitaran dicha operación a dos años vista sin garantías robustas". De ello, la formación deduce que esas garantías "deben guardar relación con la prórroga de la contrata".

El tercer epígrafe del voto particular de Vox explica que el Gobierno de la ciudad asume un compromiso financiero a solo dos años de finalizar la contrata del bus y antes de saber si habría fondos UE, lo que obligaba a Avanza a realizar un importante esfuerzo inversor, al que se suma la "imposibilidad" de abordar unos pliegos y una reordenación de la renovación de la flota, según se argumenta en la comisión de investigación.

"No hay duda de legalidad"

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha subrayado que todos los grupos coinciden en que "no hay duda de legalidad" y que la prórroga es la forma de actuar "con responsabilidad" porque se produce en el 92% de los contratos, y hacerlo de otra forma supone el reconocimiento de obligaciones que luego conlleva un perjuicio para los trabajadores como en 2013 con el servicio de la ayuda a domicilio que "fue un gran beneficio para la empresa pero no para las trabajadoras".