El turno de oficio inicia una huelga indefinida para reclamar reconocimiento y mejoras en sus condiciones laborales

El turno de oficio está desde este martes en huelga indefinida. Es una convocatoria nacional del sindicato de abogados Venia, aunque no cuenta con el respaldo de los colegios profesionales. En Aragón, unos 900 letrados forman parte de este sistema que garantiza el derecho a la justicia gratuita en España. Entre sus peticiones está la subida salarial por encima del 7% que ha anunciado el Gobierno de Aragón.

En todo el país el seguimiento del paro ha sido del 70%. El sindicato Venia reclama que se redacte un estatuto específico en el que queden reflejados unos derechos laborales que ahora, señalan, son inexistentes. "Buscamos tener derecho a las a vacaciones, desconexión digital, a coger la baja en caso de enfermedad o a la conciliación familiar", subraya Bella Sánchez, representante de la organización en Zaragoza. Esta profesional lamenta que hoy en día un abogado de oficio pueda "ser retirado de un caso si se pone malo, siendo sustiuido por otro y sin recibir ninguna compensación económica" por el trabajo desempeñado. 

Una de las demandas pide un baremo de pago único, independientemente de la Comunidad en la que se preste el servicio, aunque luego cada autonomía aplique sus complementos. Sobre el 7% de incremento en el presupuesto destinado al turno de oficio que está previsto aplicar desde el Gobierno de Aragón, los abogados de Venia creen que es insuficiente. "Esa cantidad sobre una miseria sigue siendo una miseria", protesta Sánchez. Y pone un ejemplo: "En un anuncio de casación ante el Tribunal Superior en Aragón se paga a 40 euros brutos". La representante sindical entiende que lo que habría que hacer es "anular y derogar todos los baremos para empezar a trabajar desde cero".

El Ministerio de Justicia no reconoce el derecho a la huelga del colectivo y ha tenido que ser la Dirección General de Trabajo la que haya dado el visto bueno a la reivindicación. Los propios abogados de oficio han sido los que han nombrado a los servicios mínimos, que han quedado establecidos en los juicios con menores, violencia de género y todo lo que sea causa con detenido y preso.