El Supremo investigará a Puigdemont por terrorismo por sus vínculos con Tsunami Democràtic
El tribunal abre causa penal contra el expresidente catalán por su "liderazgo absoluto" en la organización, desoyendo la opinión de los magistrados de la Audiencia Nacional
El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont al considerar que ejercía un "liderazgo absoluto" en la organización Tsunami Democràtic y no albergar dudas de que los hechos encajan en un delito de terrorismo, en contra del criterio de la Fiscalía.
De esta forma, los magistrados abren causa penal contra Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg y avanzan que serán "llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados". El tribunal ha designado como instructora a la magistrada Susana Polo.
El Supremo no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic se incardinan en el delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito.
El Alto Tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la que exponía los indicios que, a su juicio, acreditan la participación de Puigdemont en los hechos investigados.
El Supremo echa por tierra los argumentos que recoge el escrito de la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde que creía que en este momento solo existen "meras conjeturas o sospechas" que no permiten atribuir ningún delito a Puigdemont, y le reprocha su "error" por hacer una "subjetiva interpretación" de los indicios cuestionándolos uno a uno, sin realizar una visión de conjunto.
En cuanto al terrorismo, el Supremo explica que los hechos encajan en el delito de terrorismo callejero, derivado de la comisión de un delito grave contra la integridad física o moral, o bien contra la libertad, entre otros bienes jurídicos, llevado a cabo para alterar gravemente la paz pública, o para obligar a los poderes públicos a realizar determinada actuación.
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