El decreto de zona única de escolarización que plantea Educación divide a la comunidad educativa

El plazo para presentar alegaciones al decreto de escolarización que está elaborando el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón acaba este lunes. La propuesta, que plantea una zona única en las tres capitales de provincia, divide a la comunidad educativa.

Según este decreto, las familias podrán elegir cualquier colegio de la localidad en la que vivan sin preferencia por pertenecer a la misma zona. En ese borrador no se especifica con qué criterios se decidirán los casos con más solicitudes que plazas y se desconocen todavía los criterios de baremación.  

El distrito único supone una reorganización completa del sistema de elección de colegio. En Zaragoza y Huesca existen actualmente ocho zonas escolares y en Teruel, 4. Cuando los padres eligen colegio para sus hijos deben priorizarlos los centros de su zona, ya que en el proceso para otorgar las plazas prima la proximidad del domicilio al colegio. Ahora las tres ciudades se concebirían como un único distrito, sin zonas. 

La comunidad educativa se ha dividido ante la propuesta de la zona única que plantea el Departamento de Educación. La Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, Fecapa, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de la escuela concertada, han mostrado su apoyo a la iniciativa. Durante años han mantenido esta reivindicación para que se eliminen las zonas educativas que priman la proximidad del domicilio familiar. 

Miguel Ángel Sarralde, presidente de Fecaparagón, asegura que este cambio es "lo que mejor representa la libre elección" de centro por parte de las familias y que así "deja de existir la posibilidad de segmentarse", como sucedía antes.  

Sindicatos y Fapar, en contra

En contra de esta modificación se han manifestado representantes de los sindicatos educativos y la federación de asociaciones de familias de la pública Fapar. Han afirmado que "incumple los criterios de proximidad" que marca la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) y critican que la propuesta "no incorpora los baremos para cuando haya más demanda que oferta en un colegio". Desde esta federación, su secretaria técnica, Nieves Burón, habla de que el nuevo decreto "es un ataque a la escuela pública". 

La secretaria de Educación de CSIF-Aragón, Mónica de Cristóbal, ha lamentado que el nuevo decreto "aumentará la presión de muchas familias" para incrementar el número de aulas en la educación concertada, "en detrimento" de las que tiene la escuela pública.

Nieves Burón también ha explicado que cuando termine el plazo de escolarización, las familias terminarán acudiendo a los centros donde hayan quedado plazas libres, es decir, a los menos demandados. Eso, ha añadido, contribuirá a "convertir en guetos determinados centros".

El plazo para presentar las alegaciones termina este 19 de febrero. El Consejo Escolar de Aragón se reunirá a finales de este mes para votar la propuesta y emitir un informe para el Departamento de Educación. Aunque no será vinculante, sí recogerá la posición de este órgano.