El PSOE presenta en solitario la propuesta de Ley de Amnistía

Para conseguir el apoyo de Junts y Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez era imprescindible presentar una Ley de Amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán. Y esa propuesta ha llegado este lunes al Congreso de la mano del PSOE, que la ha presentado en solitario.

Lo ha hecho tres minutos antes de las 18:00 horas en el Congreso. La Ley de Amnistía abarca todos los actos relacionados con el 'procés', incluidos los delitos derivados de las acciones policiales que se llevaron a cabo para intentar impedir las consultas de 2014 y 2017, y establece que todas las causas penales abiertas se deben archivar en un máximo de dos meses.

El texto también incluye un reconocimiento a la Constitución y no hace mención al término 'lawfare', entendido como la instrumentalización de la justicia. El ministro Félix Bolaños ha defendido la ley, la ha calificado como "impecable desde el punto de vista constitucional" y afirma que supone un "paso gigante para la convivencia en Cataluña".

La Amnistía presentada anula "la responsabilidad penal, administrativa y contable" de más de 300 personas. Se trata de todos los implicados en el 'procés' desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad, de forma directa o indirecta, incluidos Carles Puigdemont y sus más íntimos colaboradores. Todos quedarán exonerados. También las personas que colaboraron en la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O y los CDR y miembros de Tsunami Democràtic, a quienes la Fiscalía acusaba de terrorismo. Por su parte, también entran los 73 policías encausados.

La palabra 'lawfare', la persecución judicial por motivos políticos, no aparece en la proposición. El texto subraya la necesidad de esta medida excepcional "para superar conflictos políticos" y la constitucionalidad de la ley, a pesar de que la Carta Magna no la cita de manera expresa. La amnistía provoca la desaparición de las euroórdenes y las inhabilitaciones. Y eso afecta de forma directa a la vida política de Puigdemont y Junqueras. El primero podrá regresar a España sin cargos y ambos podrían presentarse a las elecciones. "La democracia española será más grande recibiendo a personas que estaban fuera", ha destacado Bolaños.

Serán los jueces y tribunales los que la apliquen y para eso tienen dos meses. Una vez superado el trámite parlamentario, existen herramientas que pueden dejar en suspenso los efectos legales de la ley. Los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo la pueden recurrir al Constitucional. Y el Tribunal Supremo al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE.