Stop Desahucios reclama más vivienda social en Aragón

El Gobierno de España ha aprobado recientemente la prórroga de dos de las principales medidas de que denominó "escudo social", puesto en marcha ya en 2020 para proteger a las personas más vulnerables de las consecuencias de la pandemia: la prohibición del corte de suministros a los ciudadanos con más dificultad para afrontar esos gastos y la suspensión de los desahucios.

La primera medida se prorroga hasta finales de junio. Y la segunda hasta el 30 de septiembre. Desde Stop Desahucios Zaragoza, su portavoz Conchi Cano cree que es "una buena noticia" porque se da más tiempo a las administraciones a buscar a estas personas una alternativa habitacional.

"Desde que entró en vigor ha servido para parar muchos desahucios de gente muy vulnerable que ha podido mantener su vivienda. Estamos hablando de familias con unos recursos económicos muy bajos, con hijos menores, trabajos muy precarios o sin trabajo", ha recordado.

Afectados vulnerables con hijos menores 

Ahora mismo el mayor porcentaje de desahucios se produce por impago del alquiler, como el caso de Abraham Giménez y su familia. "En pandemia me quedé sin trabajo y dejé de pagar el alquiler. Hablé con el dueño, le ofrecí pagar la mitad y me dijo que no, que o pagaba o tenía que irme" ha explicado en Aragón Radio. Justo iban a desahuciarlo cuando acababa de nacer su tercera hija. Confiesa que vive la situación con mucha "preocupación, incertidumbre y miedo".

Casos como el de Abraham son los que atienden desde Stop Desahucios: familias con hijos menores y con trabajos muy precarios o que directamente no cuentan con ningún ingreso. Para estos perfiles Cano echa en falta más programas de captación de vivienda social. "Falta mucha vivienda social. Tenemos sólo un 1%, unas 400 viviendas en todo Aragón, cuando las listas de espera son de 8.000 o 9.000 familias", ha planteado.

En ese sentido, ha criticado la inacción del Ejecutivo autonómico: "Llevamos dos años con esto y no han hecho nada, pero la Ley 10/16 de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón permite que todas esas viviendas que se quedaron los bancos puedan destinarse al alquiler social. Cano se ha referido al artículo 24 de la citada ley, que fue recurrido al Tribunal Constitucional y que, según ha explicado, luego se desbloqueó y ya se puede aplicar, aunque no se haya hecho con el argumento de que debe ser desarrollado reglamentariamente.