Mónica Oltra, imputada por el presunto encubrimiento de abusos de su exmarido a una menor tutelada

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha imputado a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Declarará el próximo 6 de julio.

Así lo ha decidido la Sala, tribunal al que se remitieron las actuaciones el pasado mes de abril al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra. El tribunal preguntó a las partes del procedimiento --acusaciones y defensas-- sobre la competencia para instruir el caso. Fiscalía se pronunció favorablemente a que lo asumiera el TSJCV por ver indicios "relevantes" contra Oltra.

Otros 13 imputados

En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

La Sala, tras estudiar el caso, se ha declarado competente para instruirlo al apreciar "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre Oltra y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada", según consta en un auto notificado este jueves a las partes. El TSJCV entiende por tanto que resulta procedente iniciar diligencias previas. El ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, ha declarado que se realiza "con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario".

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos "una conexidad inescindible".