La nueva planta de Becton Dickinson, inversión de interés autonómico

El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la declaración como inversión de interés autonómico de la nueva planta de fabricación de componentes plásticos y jeringas de vidrio que la empresa farmacéutica Becton Dickinson construirá en Zaragoza. A efectos prácticos, supone la agilización en los trámites administrativos de este proyecto, que supondrá una inversión total de 206 millones de euros entre 2021 y 2030.

La instalación de esta planta supondrá la creación de 150 puestos de trabajo cualificados hasta finales de 2023, una cifra que se prevé incrementar hasta los 600 trabajadores al concluir la puesta en marcha de todas las líneas de producción, según ha explicado la consejera de Economía del Ejecutivo, Marta Gastón, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y en la que también ha intervenido la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

El proyecto se desarrollará en cuatro fases entre 2021 y 2030. La primera de ellas, hasta 2023, comprenderá la construcción de la planta para fabricación y ensamblado de piezas de plástico y caucho, con una inversión económica prevista de 66 millones de euros. Las tres fases restantes se llevarán a cabo entre 2023 y 2030 y comprenderán la ampliación de los equipos necesarios para la fabricación de las jeringas de vidrio Hypack. La inversión prevista para la fase dos es de 140 millones de euros y la correspondiente a las fases tres y cuatro dependerá de las necesidades de las líneas de producción.

El proyecto de la compañía en Zaragoza se enmarca en su unidad de negocio especializada en la fabricación y comercialización de sistemas precargados de administración de fármacos, principalmente jeringas de vidrio que se suministran a compañías farmacéuticas para ser rellenadas con los medicamentos que ellas producen. La nueva planta instalada en la capital aragonesa permitirá aumentar la capacidad de fabricación de estos dispositivos y atender a la creciente demanda a nivel mundial y, en especial, a los clientes del mercado europeo.

Aprobado el Proyecto de Ley de Economía Social

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El objetivo de esta nueva norma, elaborada en colaboración con el propio sector a través del Grupo de Trabajo de Economía Social, es fomentar este tipo de economía, regular y visibilizar el sector, y dar respuesta a la creciente relevancia de estas entidades. Todo ello, reconociendo su importante aportación a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto de ley se basa en tres aspectos claves. El primero de ellos es el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa. En segundo lugar, permite coordinar e instrumentar las políticas y medidas de apoyo, incluidas las que dificultan la creación de empresas y entidades del sector. Y como tercer pilar, la creación del Consejo de la Economía Social de Aragón, que permitirá aportar soluciones al panorama sociolaboral y estimular la dinamización del autoempleo y del emprendimiento.

En Aragón existen algo más de 5.000 entidades de economía social, que representan cerca del 6% del total de empresas existentes en nuestra Comunidad y dan empleo directo a alrededor de 20.000 personas (el 3,4% del empleo total aragonés). Estas entidades facturaron más de 2.500 millones euros en 2019, y contribuyeron al desarrollo económico de Aragón, generando un valor añadido bruto cifrado en más de 400 millones de euros, lo que supone el 1,2% del total territorial.

Actividades contra la violencia de género en 29 comarcas

También ha sido aprobada la firma de 29 convenios entre otras tantas comarcas aragonesas y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) para la realización de acciones formativas y campañas en materia de prevención y sensibilización sobre la violencia machista. Los convenios, fruto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suponen una cantidad ligeramente superior a los 406.000 euros.

"Los números de 2021 son escandalosos e insoportables. Necesitamos la implicación de todas las administraciones e instituciones para que estos números sean historia", ha afirmado Mayte Pérez.

Cada una de las 29 comarcas con las que se firmarán convenios organizarán actividades de formación en temas relacionados con la violencia de género, además de la realización de campañas de prevención y sensibilización, actuaciones recogidas como necesarias en el Pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género. Se trata de una formación que va dirigida tanto a profesionales como a personas vulnerables.

85,3 millones de euros para servicios sociales 

Otro de los acuerdos adoptados ha sido el convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Gobierno de Aragón para la ejecución de proyectos vinculados a los servicios sociales y con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Este convenio supone la llegada a Aragón de un total de 85.344.687 euros para este fin, repartidos en tres ejercicios: 2021, 2022 y 2023.

El dinero correspondiente al presente ejercicio en Aragón se destinará a, entre otras cosas, subvenciones por valor de 6,2 millones de euros para crear, modernizar o reformar centros de mayores y de menores; una inversión de 2,55 millones de euros para mejorar y modernizar la red de centros públicos de la Comunidad; y otra de 2,4 millones de euros para desarrollar la teleasistencia avanzada, encaminada a potenciar que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno y vivir de forma autónoma con los cuidados y atenciones necesarios.

El resto de proyectos que se desarrollarán en 2021 estarán enfocados a modernizar los servicios sociales para mejorar la calidad del servicio y poner a las personas en el centro del mismo, mejorando las prestaciones que reciben y adaptándolas a las nuevas realidades. Igualmente, se contempla una partida destinada a equipamientos que faciliten la transición a la vida independiente de personas con discapacidad.