El Justicia considera "claramente insuficiente" el parque de vivienda social de la Comunidad

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, considera que el parque de vivienda social de la Comunidad no responde a las necesidades de la ciudadanía y que se ha visto desbordado por los efectos de la pandemia, tras la crisis previa de 2008. Es, ha señalado, "claramente insuficiente desde hace muchos años" y así lo ha plasmado en un informe especial que este lunes ha entregado su lugarteniente, Javier Hernández, al presidente de las Cortes de Aragón Javier Sada en un encuentro que ambos han mantenido en el Palacio de la Aljafería.  

Entre las principales deficiencias detectadas por el estudio pormenorizado de la cuestión, el Justicia apunta a la inexistencia de una base de datos que reúna el conjunto de la vivienda social existente en la Comunidad y la confusión que se produce con el concepto de vivienda de alquiler asequible, además de las situaciones de discriminación que se producen por la falta de homogeneidad de los sistemas de acceso. 

Además, apunta la "cronificación, el mal uso y el bloqueo de recursos" que se producen por la inexistencia de instrumentos que permitan la transición al mercado libre de vivienda, al que debería llegarse tras la finalización del proceso de integración, según valora. Y señala que la concentración de recursos (prácticamente inexistentes en el medio rural) en torno al convenio participado por las principales instituciones para la detección de supuestos de vulnerabilidad lleva, incluso, a que determinados ciudadanos “busquen” el desahucio por falta de pago para que les sea aplicado el convenio y evitar, así, listas de espera.

Por ello, entre sus recomendaciones, Dolado propone que la futura Ley de Vivienda de Aragón aclare el concepto de vivienda social y el perfil de los ciudadanos que pueden acceder a ella mediante una regulación básica que establezca los requisitos y una base de datos que detalle los tipos de uso y colectivos a los que se dirige.  Además, recomienda que la Bolsa de Vivienda Social de Aragón dé mayor participación a las entidades sociales del sector y que el convenio entre administraciones distinga entre viviendas de alquiler social y las que puedan adjudicarse al margen del convenio. 

Por último, sugiere la creación de una mesa permanente de trabajo sobre la vivienda social en Aragón que esté liderada por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, así como el impulso de campañas de sensibilización para que los propietarios de viviendas vacías las cedan para proyectos de alquiler social, en especial en el ámbito rural.