El juez acuerda prisión incondicional para el presunto autor del envío de cartas explosivas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este viernes prisión incondicional para el jubilado de Miranda de Ebro que fue detenido este miércoles como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas la Presidencia del Gobierno y la embajada de Ucrania, además de la empresa zaragozana Instalaza.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que aunque no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con banda o grupo organizado terrorista alguno, las acciones que objetivamente se le imputan, el contexto en el que se producen (guerra de Ucrania) y los destinatarios de los paquetes evidencian que en su ánimo está presente "el objetivo de alterar gravemente la paz pública".

Indica que transmite el mensaje de que se está "ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa", y añade que busca "obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".

La decisión del juez va en consonancia con la petición de la fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé, que interesaba la prisión provisional comunicada y sin fianza para P.G.P., de nacionalidad española y 74 años de edad, quien se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado.

El juez y el Ministerio Público le atribuyen seis delitos de terrorismo -uno por cada carta incendiaria enviada-, dos de ellos agravados por ir dirigidas a miembros del Gobierno. Esos delitos irían en concurso con un delito de fabricación, empleo de artefactos explosivos, inflamables e incendiarios con finalidad terrorista.

Envío de seis sobres explosivos

En total se le atribuye el envío de seis sobres de color marrón con material pirotécnico casero similar a la pólvora en su interior al presidente del Gobierno, a las embajadas de Ucrania y EEUU, a la ministra de Defensa, a la empresa de armamento Instalaza Zaragoza y a la base aérea de Torrejón de Ardoz, entre noviembre y diciembre de 2022.

El Juzgado mantiene el secreto de las actuaciones emprendidas para localizar al sospechoso por seguridad, pero no así la pieza principal en la que se ha dictado el auto de detención y registro del domicilio.

La Policía española estaba ya tras la pista de este sospechoso cuando el periódico estadounidense 'The New York Times' publicó que agentes de Moscú urdieron el envío de estos paquetes, según aseguran fuentes jurídicas.