El Gobierno central denunciará ante la ONU e instancias europeas la derogación de la Ley de Memoria Democrática

El Gobierno central llevará a la Organización de Naciones Unidas, al Parlamento europeo y al Consejo de Europa su ofensiva contra los gobiernos autonómicos de PP y Vox por la derogación de la Ley de Memoria Democrática presentadas en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Esta decisión se ha tomado, según han explicado fuentes del Ejecutivo central, después de las iniciativas por parte de la coalición PP-Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. La derogación de la Ley de Memoria Democrática, sobre la que ya se ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, será elevada, según fuentes del Gobierno, por "su gravedad" y para alertar de la "posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos".

Estas mismas fuentes han avanzado este jueves que el Ejecutivo recurrirá al relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas medidas aplicando las prácticas y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos. 

En el Parlamento europeo se promoverán distintas iniciativas para que esta cuestión se traslade al pleno para su debate y votación. Y trasladarán al Consejo de Europa la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos, para lo que pedirán un debate "urgente" en la Asamblea Parlamentaria, informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de "la gravedad de la situación" y solicitar un informe sobre la situación de memoria democrática en España. 

El Gobierno de Aragón insiste en que la derogación es "jurídicamente impecable"

Desde el Gobierno de Aragón defienden la ley que llevó a cabo la derogación de la Ley de Memoria Democrática en la comunidad porque dicen, es jurídicamente impecable. La portavoz del ejecutivo, Mar Vaquero acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ejercer política de confrontación para tapar su mala gestión: "Querer enmascarar otro tipo de problemas más importantes que tienen los españoles, y que tienen en el gobierno de Sánchez, como son los casos de corrupción, como es la propia aprobación de la Ley de Amnistía, como es la falta de presupuesto. Ese tipo de cuestiones las pretenden tapar generando este tipo de fractura y confrontación con las comunidades autónomas".