Cuarenta municipios han solicitado videovigilancia en la calle

Un total de 40 localidades de Aragón han solicitado a la Delegación del Gobierno en los últimos meses el visto bueno para instalar cámaras de videovigilancia en sus calles. Se sumarán así a los 23 municipios que ya cuentan con ellas, y que están supervisadas por Policía Local o la Guardia Civil. Y no solo son municipios de gran tamaño los que solicitan las cámaras, como La Almunia, Tauste o Zuera. También lo hacen pequeños núcleos con pocos habitantes, como Aguatón, Balconchán, Bordalba o Singra, que buscan más seguridad para sus vecinos.

Por ejemplo, ante los robos que han vuelto a darse en Los Monegros, Senés de Alcubierre (Huesca) ha solicitado la instalación de ocho cámaras. Su alcalde, Pablo Allué, explica que serán útiles, sobre todo, para vigilar las entradas y salidas al pueblo. “Somos 46 vecinos, y la mayoría pasamos de 65 años. Y creemos que es una medida de seguridad contra los robos que se están cometiendo en toda esta zona”, señala.

También en Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) quieren vigilancia en las calles. Esta semana se han cumplido dos años desde que un conductor atropellara mortalmente a uno de sus vecinos y huyera, sin que haya sido detenido. En este municipio se han instalado diez cámaras, con un coste de 22.000 euros, y ahora esperan recibir la autorización para activarlas. El alcalde, José Ignacio Gallego, relata que aunque no están funcionando todavía, la Guardia Civil le ha preguntado en un par de ocasiones si estaban ya conectadas, para poder acceder a las imágenes. “Les va muy bien, porque solo hay una pareja para más de 60 pueblos. Y entiendo que no pueden llegar a todos los sitios”, explica.

Y evitar los robos y el vandalismo es lo que pretenden en el municipio turolense de Albalate del Arzobispo. Aquí se plantea la instalación de cámaras en cinco puntos estratégicos, como el polígono industrial, en el que se han producido varios robos, o aparcamientos y zonas deportivas, lugares en los que pueden producirse actos vandálicos. La alcaldesa, Isabel Aranas, coincide en que disponer de estas cámaras “puede ayudar a la Guardia Civil a esclarecer estos sucesos”. En este caso, el Consistorio va a destinar 10.000 euros del presupuesto muncipal a poner en marcha la videovigilancia.