Cuatro nuevas cámaras de seguridad en el Casco Histórico de Zaragoza se suman a las ocho ya existentes
Las nuevas cámaras se han instalado en diferentes zonas de las calles Cerezo y San Pablo
El Ayuntamiento de Zaragoza ha completado la instalación de cuatro nuevas cámaras de seguridad en el Casco Histórico. Los nuevos dispositivos complementan a los ocho colocados en la zona y se ubican en la calle Cerezo en el cruce con Avenida Conde Aranda; calle Cerezo en el cruce con Boggiero como complemento a una de las instaladas en 2021, calle San Pablo 59 en la apertura a la plaza de San Pablo, y calle San Pablo 61-63, enfocando hacia la calle Cerezo.
Con todo ello, son 12 las cámaras instaladas en el Casco Histórico. A las cuatro nuevas cámaras de seguridad instaladas durante estos días se suman las cuatro primeras puestas en funcionamiento a finales de 2020 en la zona de Pignatelli y calle Cerezo hasta la Avenida Conde Aranda y otras cuatro instaladas en diciembre de 2021 ubicadas en la calle Cerezo, a la altura de las calles Aguadores, San Blas, San Pablo y Boggiero.
Según informa el consistorio, la ubicación e instalación de estas nuevas cámaras de seguridad ha sido consensuada con los vecinos y se suman a otras iniciativas impulsadas en el Casco Histórico como el Plan Pignatelli y a las intervenciones en la zona de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y las gestionadas por las Áreas de Urbanismo, lnfraestructuras y
Acción Social y Familia. La instalación de estos nuevos dispositivos ha sido aprobada por la Comisión de Videovigilancia de la Delegación de Gobierno en Aragón pero su financiación es íntegramente municipal, encargándose de su coordinación y gestión el Ayuntamiento de Zaragoza.
Grabación y uso de las imágenes
Las nuevas cámaras, junto a las ocho anteriores, forman parte del sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad de Zaragoza. La Policía Local se encarga de supervisar el sistema de
funcionamiento de las cámaras y custodiar las grabaciones, que se conservan durante 30 días tal y como establece la Ley que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
Pueden acceder a esas grabaciones únicamente los juzgados y la policía judicial en el curso de una investigación previa solicitud. La Policía Local extrae las imágenes solicitadas y las
pone a disposición de jueces o policía judicial, que son quienes las visionan.
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