Autónomos y pymes del sector del transporte comienzan un paro indefinido

En la medianoche de este lunes ha comenzado el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, la misma organización que en marzo pasado protagonizó un paro del transporte que duró 20 días.

Al parecer, los transportistas de esta Plataforma, formada por camioneros autónomos y de pymes principalmente, permanecen concentrados desde este domingo en las inmediaciones del estadio Civitas Metropolitano de Madrid, y han convocado para este lunes una manifestación con los camiones en la propia capital de España, sin especificar cual será el recorrido de la misma.

En Mercamadrid, informan de que no se ha observado durante la noche movimientos de piquetes, y ha habido poco flujo de camiones por el recinto durante la madrugada. Desde este lunes, tres furgonetas de antidisturbios de la Policía Nacional permanecen custodiando Mercamadrid, sin que se hayan producido disturbios en este mercado. 

Se calcula que esta huelga podría costar a la economía 600 millones de euros al día, al tratarse de un cese de actividad ante campañas tan importantes como el 'Black Friday' o la Navidad. No obstante, a diferencia de la protesta de marzo, a la que se sumaron algunas otras asociaciones como Fenadismer, Fetransa o Feintra, en esta ocasión, tanto las organizaciones patronales como las sectoriales agrupadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), no han respaldado el paro.

Las consecuencias de la movilización de marzo

Como consecuencia de ese primer paro y una anterior amenaza del CNTC en diciembre de 2021, entre marzo y agosto pasados se aprobaron dos reales decretos-ley con medidas para mejorar la situación del sector acordadas entre el comité nacional y el Ministerio de Transportes.

A principios de agosto, se publicó un Real Decreto de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, que incorpora modificaciones en la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, para tratar de garantizar que el precio del transporte sea superior a los costes y gastos individuales efectivos en que incide el transportista.

Sin embargo, los pequeños transportistas denuncian que las empresas cargadoras siguen sin ofrecer ni pagar unos precios "que den realidad a los costes que verdaderamente den lugar a una economía justa, sana y viable", así como la pasividad de la Administración en el control de la aplicación de la ley.