Aprobada la 'Ley Rider', que obliga a las plataformas a contratar a sus repartidores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley -denominado 'Ley Rider'- que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados riders, y da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la ley aprobada parte de la premisa de que los trabajadores que desempeñan su tarea en las plataformas digitales son personal laboral y no autónomos, como sucedía hasta ahora. 

La nueva norma recoge que los riders tienen todos los derechos que recoge el Estatuto de los Trabajadores, relativos a la organización, sindicación, protección social, cotizaciones y salario. De tal forma que se modifica dicho Estatuto y determina la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio, o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital.

"Ni los trabajadores deben temer a la inteligencia artificial, ni las empresas a los derechos laborales", ha subrayado la ministra. Esta es la primera legislación que incorpora el acceso a la información de parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos de los sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones laborales, incluida la elaboración de perfiles de las personas trabajadoras.

La mayoría de plataformas, en contra

La nueva legislación ha sido duramente criticada durante los últimos meses por las empresas que optaban por trabajar con sus repartidores como autónomos en España. Las plataformas digitales de reparto Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats han criticado que la 'Ley Rider'  se apruebe "por la vía de urgencia y sin debate parlamentario", y consideran que pone "en riesgo" el desarrollo del sector. Mientras, la plataforma Just Eat ha salido en su defensa, porque -dice- garantiza "seguridad jurídica" y permite preservar tanto los derechos de los repartidores como los de todos los operadores del sector.