La ley sobre simplificación administrativa de Aragón pasa su último trámite

El pleno de las Cortes de Aragón debate este jueves la ley de simplificación administrativa, que ha pasado su último trámite, pendiente de ser votada al final de la sesión de este jueves, si bien la mayoría de los grupos han anunciado su apoyo al texto o la mayor parte del mismo.

Esta nueva norma, si sale adelante, promoverá que empresas y ciudadanos presenten declaraciones responsables asegurando que cuentan con toda la documentación. Se crean las entidades certificadoras, profesionales externos que harán funciones de comprobación. Además, el silencio administrativo se entenderá como un sí y se rebajan los plazos para contestar. 

El debate ha sido abierto por la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, que ha dicho que la ley atiende una "demanda social y empresarial, que si no acometemos puede transformarse en clamor", para lograr "simplicidad y rapidez en los trámites" de la administración, "manteniendo la garantía y calidad en el servicio público".

El Partido Popular apoya la ley con muchos 'peros', acusa al gobierno de aprovechar para cambiar otras leyes y de actuar con demasiada prisa: "La eliminación de la burocracia innecesaria no pasa por eliminar controles en detrimento de la seguridad jurídica, que es a lo que nos conduce este texto", ha expuesto la parlamentaria del PP, Carmen Susín.

"Guerra total a la burocracia"

El Portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez, apoya el proyecto de ley. Lo ve como un instrumento fundamental para gestionar los Fondos Europeos y vencer la crisis económica causada por la covid-19: "Hoy se declara la guerra total a la burocracia absurda, injustificada y, en muchos casos, desmotivadora".

Vox se abstiene. El diputado David Arranz expone que la ley les genera muchas dudas, como el trabajo de las entidades de certificación: "No puedo entender que la administración no pueda hacer estas tareas con los propios funcionarios y personal, es un absurdo", ha dicho.

El grupo parlamentario Izquierda Unida votará en contra. Se oponen a la norma porque, a su juicio, está desregulando y se olvida de la parte más social: "Para la simplificación administrativa y burocrática de cara a garantizar derechos sociales, esperaremos", ha puntualizado El diputado de IU Álvaro Sanz.

Evitar cargas innecesarias

La diputada de Podemos, Vanesa Carbonell, ha remarcado que el contenido de esta ley aparece en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y "mejora el procedimiento administrativo" en un momento en el que es preciso "más sector público" y una administración "más fuerte" para "afrontar los retos del siglo XXI".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha considerado oportuno adaptar los servicios públicos "a las nuevas realidades" para "evitar cargas administrativas innecesarias" y "dada la necesidad de aprovechar hasta el último euro de las ayudas europeas para la recuperación".

El diputado del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha sostenido que ante un "cambio de ciclo", "este gobierno de amplia base ha cogido el toro por los cuernos y ha afrontado una de las grandes necesidades que tiene la administración" para lograr un Aragón "próspero".

Esta tarde se producirán las votaciones de los grupos que, previsiblemente, resultarán a favor. La ley ha tardado mes y medio en tramitarse, la mitad de lo habitual.