Aprobado el borrador de la ley que permitirá limitar el precio del alquiler

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de la Ley de Vivienda. Con ella, el Gobierno pretende garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables con el fomento del parque público de vivienda, o bonificaciones para que los propietarios ofrezcan precios accesibles. Pero además, permitirá a las comunidades autónomas poner límites al precio del alquiler en las zonas tensionadas, siempre que se trate de empresas propietarias de más de diez viviendas.

Con este límite, según el borrador de la ley, cuando se firme o renueve un contrato, la nueva renta no podrá superar el límite máximo establecido en el índice de precios de referencia del Ministerio para cada ciudad. Este índice de referencia se elaborará en los 18 meses próximos a la aprobación de la norma. Para la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con medidas como las deducciones fiscales, al propietario le sale rentable reducir el alquiler: "Permite conciliar los interese de los inquilinos, pero también los intereses de los propietarios. Es decir, a un propietario, le sale a cuenta bajar esta renta".

El procedimiento para declarar las áreas tensionadas deberá ser solicitado por las comunidades autónomas, al tener las competencias en esta materia. Además, hay una moratoria de 18 meses para establecer el índice de precios al que se deberán atener las grandes compañías de alquileres, desde que se apruebe la ley. Se consideran zonas tensionadas aquellas en las que los alquileres superan el 30 por ciento de los ingresos medios por hogar, y si el IPC en cinco años ha subido por encima de 5 puntos porcentuales.

En esas zonas se podrá poner límites al alquiler a los propietarios de más de 10 viviendas. Para el resto, se podrán incrementar los precios un máximo de un 10 por ciento respecto al contrato anterior. Si se rebaja un 5, las desgravaciones pueden alcanzar para el propietario hasta el 90 por cien.

El gobierno quiere también que las viviendas que lleven vacías dos o más años salgan al mercado. Para su incentivo, los ayuntamientos podrán recargar el IBI hasta un 150 por ciento a aquellos propietarios con cuatro viviendas desocupadas.

La ministra cree que esta ley aporta seguridad jurídica a todos los implicados porque la vivienda "deja de ser un bien de mercado a ser consagrado como un derecho" y "era urgente combatir las subidas abusivas de los precios", ha dicho.