Nuevo aplazamiento del juicio en Huesca contra los exconsellers Lluís Puig y Santi Vila por los bienes de Sijena

El juicio previsto para el próximo día 5 contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila y Lluis Puig, acusados de un delito de desobediencia al no cumplir la resolución judicial que obligaba a la Generalitat a devolver los bienes del monasterio de Villanueva de Sijena, ha sido de nuevo aplazado después de que Puig, huido de la justicia española por su imputación en el 'procés', se haya amparado en su condición de aforado como diputado del Parlament catalán para reclamar la celebración de la vista en su comunidad autónoma de origen.

La decisión del juez se sustenta en un informe remitido por el letrado mayor de la Cámara catalana, en el que se certifica que Lluís Puig fue elegido diputado regional en febrero de 2021 por la circunscripción electoral de Barcelona, y que un mes después accedió al "pleno ejercicio de la condición de miembro del Parlamento de Cataluña, que ostenta en la actualidad".

A la vista de este informe, el magistrado oscense, que se dirigió hace unos días a la Cámara catalana para que informara acerca de si Puig era miembro activo de la institución a pesar de su ausencia continuada desde el inicio de la legislatura, ha optado por dirigirse al Supremo para verificar a qué tribunal le corresponde la jurisdicción del caso.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el juez descarta desde un principio que Puig pueda ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dado que el presunto delito de desobediencia del que se acusa a los exconsellers se cometió en la Comunidad aragonesa, y considera que, en todo caso, el enjuiciamiento debería ser llevado a cabo por el Supremo.

Puig ya provocó anteriormente una suspensión y varios retrasos por incidentes procesales diversos planteados por sus letrados al entender que no podría hacer frente a un juicio con garantías desde Bélgica, a donde huyó tras ser imputado por el 'procés' independentista.

A principios de septiembre, hizo público un mensaje en su cuenta de Twitter en el que informaba de la recepción de su citación para el juicio señalado en Huesca para el próximo 5 de octubre, así como de su intención de estar "personado" en la causa. Sin embargo, una semana después remitió un escrito en el que esgrimía su condición de aforado como miembro del parlamento catalán para reclamar su enjuiciamiento en su propia comunidad autónoma.

Por los hechos denunciados, la Fiscalía de Huesca solicita para cada 'exconseller' 11 meses de prisión y multa de 18 euros diarios durante 11 meses como presuntos responsables de un delito de desobediencia.

Por su parte, la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que ostenta el letrado Jorge Español, pide la misma condena de cárcel pero eleva la cuota a 300 euros diarios durante 11 meses, así como dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Vila por presunta usurpación de funciones judiciales.