Los robos en viviendas aumentan un 10% en un año y disparan el interés por la instalación de cámaras de seguridad

Los robos en viviendas aragonesas han incrementado en algo más de un 10% en un año. Si en 2021 el total de robos con fuerza en domicilios fue de 1.346, un año después la cifra había aumentado hasta los 1.483, lo que se traduce en una subida de un 10,2%. En los últimos tres años se han contabilizado 4.397 robos en viviendas en la Comunidad, siendo Zaragoza la provincia con más robos en domicilios, con 3.366. Le sigue Huesca con 661, y finalmente Teruel registró 362 entre 2022, 2021 y 2019 (en 2020 no hay registro debido a la pandemia), según el último Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio de Interior.

Ante estas cifras, algunas comunidades de vecinos han pedido presupuestos a sus administradores de fincas para instalar cámaras de videovigilancia y disuadir así a posibles ladrones. "Este año hemos notado un aumento importante en peticiones de presupuestos para colocar estas cámaras. Ha habido una serie de robos y actos vandálicos, sobre todo a personas mayores, que han hecho que los propietarios se planteen tomar medidas disuasorias como pueden ser estas cámaras", ha explicado el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Miguel Ruiz Lizondo. 

Las grabaciones de las cámaras, "valiosísimas" para la Policía

Respecto a la importancia que tienen las grabaciones captadas por cámaras de seguridad, la Policía lo tiene claro. "Son valiosísimas. Por un lado, es importante tener estas cámaras en una comunidad porque el ladrón, al verlas, se lo va a pensar dos veces antes de actuar. Es decir, como modo preventivo ya nos estarían sirviendo. Pero, además, en caso de que los delincuentes cometan el delito, a nosotros nos va a servir para investigar y para poder identificar de una forma mucho más sencilla a los autores", explican desde la Policía Nacional en Aragón. 

Sin embargo, aunque los propietarios muestren interés en adquirir estas cámaras, el proceso tiene que pasar por una votación y no siempre sale adelante. "Siempre hay demanda y se acentúa de cara a verano. Pero nosotros, sobre todo, trabajamos para empresas, porque muchas comunidades de propietarios no acaban comprando, ya que la decisión depende de muchos vecinos. A menos que haya pasado un robo o una incidencia grave, no nos suelen llamar. En cambio, las viviendas de obra nueva sí que se lo piensan más y acaban colocando cámaras en la propiedad", señala el gerente de la empresa de seguridad Sesie, César Augusto. 

Legalidad y requisitos antes de colocar una cámara

El principal requisito antes de colocar una cámara de videovigilancia en una comunidad es contar con el beneplácito de los propietarios. "Para que se ajuste a la ley tiene que pasar por la Junta de Propietarios. Tiene que haber una mayoría de tres quintos de propietarios a favor para que el presidente y su secretario puedan pedir presupuestos para contratar e instalar cámaras de videovigilancia, ajustándose a lo que se haya pactado en ese acuerdo", indica el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Aragón, Alejandro Marín. 

En cuanto a los derechos y limitaciones, Marín señala que solo se pueden grabar las zonas comunes como puede ser un garaje, un patio, jardines, el ascensor, etc. para evitar así que la grabación se inmiscuya en la esfera privada de cada uno de los vecinos. Además, tiene que señalizarse que ese espacio está siendo grabado por cámaras de videovigilancia. "No podemos alterar el resto de la propiedad ni grabar a vecinos. Está fuertemente sancionado. Las imágenes tienen que almacenarse durante un máximo de un mes y después se procede a su borrado. Solo en caso de que haya una denuncia policial se pueden retener esas imágenes para esclarecer el posible delito", agrega. Además, indica que en caso de que consideremos que se ha producido una infracción, lo adecuado sería acudir al responsable del tratamiento de los datos o incluso formular una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).