El Gobierno aprueba el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos son muy antiguos, han prescrito o no han aportado pruebas suficientes.

Se trata de una de las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre sobre abusos en la Iglesia, a propuesta del Congreso de los Diputados.

"Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales", ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha señalado Bolaños, el plan contiene cinco ejes de actuación: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje.

Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo va a formar una nueva figura en los centros docentes, los coordinadores de bienestar y de protección. 

Además, ha añadido Bolaños, previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y con sus familiares. "Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos", ha apuntado.

El Registro de delincuentes sexuales

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también un real decreto para facilitar el acceso al Registro central de delincuentes sexuales, herramienta que permite conocer si una persona tiene antecedentes penales por delitos sexuales y evitar así que pueda trabajar en contacto con menores de edad.

Se trata de un registro gratuito, pero no público, y en la actualidad puede acudir a él toda persona que necesite un certificado que lo declare limpio de antecedente para trabajar con menores, como profesores, monitores o entrenadores.

Pero se han detectado casos de personas que, ya trabajando con menores, cometían delitos sexuales, por lo que la reforma permitirá también que empresas, instituciones, ONG o colegios profesionales accedan a ese certificado en tiempo real con la autorización del trabajador, ha explicado Bolaños. El objetivo es que haya un control "efectivo y periódico" de los antecedentes para garantizar que los condenados no trabajan en contacto con menores.

Desde ahora, este registro también incluirá a personas condenadas por delitos de trata de seres humanos.