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El Gobierno y la Generalitat acuerdan ampliar el aeropuerto de Barcelona
Supondrá una inversión de 1.700 millones y producirá 83.000 puestos de trabajo directos
Una pasajera acude a los mostradores de las aerolíneas del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (EP).El Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña han acordado este lunes la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con una inversión de 1.700 millones de euros. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el proyecto producirá un total de 83.000 puestos de trabajo directos y hará crecer un 2,1% el Producto Interior Bruto de Cataluña.
En concreto, se pretende que el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat sea capaz de albergar operaciones de corto y largo recorrido, mejorando las conexiones de Cataluña con América y Asia y con los aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava, de modo que se dote de mayor capacidad al sistema aeroportuario de Cataluña.
El acuerdo se ha cerrado antes de la Comisión Bilateral de esta tarde, en la que se ha acordado un calendario de trabajo que incluye sucesivas reuniones entre el próximo mes de septiembre y enero de 2022 para abordar el traspaso de distintas competencias, como las ferroviarias de cercanías. Así, Rodríguez ha calificado el encuentro, que no se repetía desde 2018, como "un buen comienzo en la reactivación del dialogo".
Asimismo, la ministra ha señalado que en la reunión no se ha debatido el reparto de los fondos europeos "por respeto a todas las autonomías y al sector empresarial", y que tampoco se han abordado asuntos como la autodeterminación y la amnistía, que podrán ser objeto de la mesa de diálogo de septiembre.
Cinco acuerdos
Isabel Rodríguez ha informado de que se han alcanzado cinco acuerdos que hacen referencia a la reducción de la conflictividad institucional; la encomienda a la Comisión Mixta de Transferencias para que se culmine el traspaso de materias como becas y ayudas al estudio; la creación de un grupo de trabajo para tratar traspasos "viables", como Formación Profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales; y la creación de un grupo de trabajo para abordar el traspaso en el ámbito de los ferrocarriles.
Además, se ha cerrado una aportación total de 200 millones de euros antes de fin de año para dar cumplimiento a la Disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que "la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años".
La titular de Política Territorial ha puntualizado que la relación del Gobierno central con el Gobierno catalán es "institucional" y que el objetivo es conseguir una relación "distinta" que permita "acabar con la conflictividad social y política en Cataluña en el marco de la ley y la Constitución".