El Gobierno de Aragón insta al Estado a que declare zona catastrófica el área del incendio de Añón de Moncayo

El Gobierno de Aragón ha aprobado en Consejo de Gobierno una declaración institucional por la que insta a la Administración General del Estado a que declare como zonas afectadas por emergencia de Protección Civil -denominación de la antigua zona catastrófica- las áreas de Añón de Moncayo, Vera de Moncayo, Alcalá de Moncayo, Ambel, Bulbuente, Trasmoz, Talamantes, El Buste y de la pedanía del Santuario de la Misericordia, que resultaron dañados por el incendio de Añón.

La iniciativa aspira a lograr la pronta reparación y recuperación de los daños y pérdidas producidas en los bienes que se han visto y que puedan verse afectados por el fuego, iniciado el pasado 13 de agosto de 2022.

Las llamas, que alcanzaron un perímetro de 50 kilómetros de longitud y 6.000 hectáreas de superficie, generaron asimismo enormes daños ambientales en los montes y bosques de la zona, que tardarán años en recuperarse y que necesitarán de importantes inversiones para evitar la deforestación y la erosión del terreno. El fuego también destruyó cultivos, cosechas y numerosas infraestructuras agrarias que resultan fundamentales para la subsistencia de los agricultores y ganaderos de la zona.

La magnitud del incendio exigió contar con medios de extinción propios del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF), del Ministerio del Interior con la Guardia Civil, del Ministerio de Defensa mediante la Unidad Militar de Emergencias, de los bomberos de las Diputaciones de Huesca y Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza y de voluntarios de Protección Civil, entre otros.

Luz verde al proyecto de ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado este lunes el proyecto de ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón, una normativa que aspira a integrar la lucha contra las catástrofes y las emergencias en todos sus ámbitos y que se adapta a los cambios registrados en los últimos 20 años. Hay que recordar que la actual legislación data de 2002.

La nueva ley de emergencias adaptará en primer lugar la normativa autonómica a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que supuso un punto de inflexión al establecer el concepto de Sistema Nacional de Protección Civil. Además, conserva de la ley aragonesa de 2002 los principios de eficacia, eficiencia, coordinación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional.

La normativa aprobada este lunes busca reforzar la coordinación de los operativos, integrando los sectores públicos y privados de Aragón y aumentando la resiliencia de la ciudadanía y de los propios sectores públicos ante situaciones de peligro individual o colectivo. Esta legislación estructura la intervención alrededor del centro de emergencias 112 Aragón y de los servicios operativos en la Comunidad bajo los principios de mando único, complementariedad, subsidiariedad, inmediatez y proximidad. Asimismo, regula cuestiones tan importantes como las medidas sancionadoras de carácter económico, o como la restitución de los costes que generen, a las administraciones públicas, las negligencias o actos provocados que obliguen a la intervención de los servicios de emergencia.

Junto a esto, la nueva legislación implicará una mayor profesionalización y preparación de las personas que forman parte del sistema de protección civil y gestión de emergencias de Aragón, para hacer frente de manera más eficaz a la anticipación e intervención en las situaciones de emergencia, catástrofe y calamidad pública.