El Gobierno aprueba la Ley de Trata e introduce por primera vez el delito de explotación laboral

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que busca luchar contra todo tipo de explotación, desde la sexual hasta la laboral, pasando por la mendicidad o el tráfico de órganos. Además, se introduce por primera vez el delito de explotación laboral.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que esta ley es fruto del consenso interdepartamental. Acaba con la dispersión normativa que actualmente existe en España y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.

"Estoy segura de que será un antes y un después en el compromiso por la protección de los derechos humanos y con una lucha mucho más eficaz contra las mafias de explotación. Es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas", ha remarcado Llop.

El texto, desarrollado bajo la dirección del Ministerio de Justicia, ha sido copropuesto junto a los ministerios de Igualdad, Interior, Inclusión, y ha recibido aportaciones y observaciones de otros nueve ministerios (Asuntos Económicos, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales y Trabajo). Desde Igualdad querían una ley centrada en explotación sexual de mujeres y niñas, desde Justicia un texto integral para todos los tipos de trata. Finalmente ha habido acuerdo, 

Llop ha puntualizado que este anteproyecto aborda de manera integral todas las formas de explotación e incide en la desincentivación de la demanda con el fin de "desarticular" y "romper los eslabones" de la "cadena de trata".

Asimismo, más allá de la respuesta penal, recoge también la prevención y la sensibilización de la sociedad y la asistencia a la víctima, garantizándole una serie de derechos y apoyos. También se establecen medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad y medios de comunicación y la adopción de dichas medidas en el ámbito del sector privado y empresarial, para evitar la explotación.

Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad de la víctima desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita; así como derechos laborales y el acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, según ha precisado la ministra. Tal y como ha resumido Llop, es "un texto victimocéntrico", es decir, "muy centrado en las víctimas".

Por otra parte, se crea el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata; y una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que supervisará todas las políticas públicas en esta materia.

La norma contempla también la protección de menores víctimas de trata y explotación, reconociendo el derecho a una protección y asistencia especializadas, con un procedimiento ágil y bajo el principio del interés superior del menor.

Asimismo, se garantiza la información y participación de los menores en todos los procedimientos y la continuidad de la asistencia y protección una vez alcanzada la mayoría de edad, y se prevén medidas específicas para los menores no acompañados y la no repatriación por interés superior del menor.