Las quejas relacionadas con el área sanitaria aumentan un 253%

Los expedientes tramitados por el Justicia de Aragón en 2021 se han incrementado un 30% y en el ámbito de la Sanidad,  un 253%. La mayoría están relacionadas con el acceso tanto telefónico como a la atención presencial en el área sanitaria y en la de Servicios Sociales.

Así lo ha explicado a los medios el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, tras entregar al presidente de las Cortes, Javier Sada, el Informe Anual de la institución correspondiente a 2021, durante el que se han tramitado 2.699 expedientes, un 30% más, de los que 380 han correspondido al área de Sanidad, y se han emitido 270 resoluciones.

Asimismo, el 74% de las sugerencias, recomendaciones y resoluciones emitidas por el Justiciazgo se han atendido: un 51% han sido aceptadas, un 12% parcialmente, un 16% no han sido aceptadas y hay quedado sin respuesta o pendiente de la misma en un 21%, ha apuntado Hernández quien ha acudido en representación del Justicia, Ángel Dolado, por indisposición.

En torno al 30% de las quejas no han dado lugar a una tramitación ordinaria, como las relativas a quienes reclamaban que se les incluyera en determinados grupos de vacunación frente a la COVID-19, dado que ya se había solventado cuando se procedía a la tramitación.

La Atención Primaria, el área con más reclamaciones

Frente a las quejas por las listas de espera que dominaban en informes anteriores, el pasado año el servicio de Atención Primaria ha encabezado el número de reclamaciones, aunque, no obstante, Hernández ha reconocido que la relación con Sanidad es "compleja, porque la situación es compleja" y aunque "a medio plazo todas las incidencias se solventaban, es cierto que en estos dos años de pandemia ha habido dificultad para el acceso", ha subrayado el lugarteniente del Justicia.

En este sentido ha subrayado que aunque la telemedicina "ha venido para quedarse, hay que ver cómo realmente se hace. No se pueden confundir términos entre telemedicina y teleasistencia, que son dos cosas distintas", al tiempo que ha destacado la necesidad que tiene un ciudadano con una patología para que le atiendan personalmente, algo que desde el Justicia creen que "en este tiempo se ha mermado".

También ha informado de que se siguen recibiendo quejas por la tardanza en conseguir una cita médica o de la "disparidad" de los servicios ofrecidos por los centros de salud tanto urbanos como rurales, donde "la norma" ha sido la atención telefónica. "Cada centro de salud ha llevado su vida, algo legal, pero ha dependido de cada facultativo", ha reconocido Hernández.

La falta de atención presencial también ha protagonizado las quejas relacionadas con Servicios Sociales y ha recordado que es "el ciudadano tiene que ser recibido por la administración y no a la inversa".

En el área de Servicios Sociales las quejas han aumentado un 53% aunque, como ha resaltado Hernández, han pasado de estar centradas en las residencias de personas mayores, covid-19 a las prestaciones, especialmente aquellas relacionadas con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, el Ingreso Aragonés de Inserción y el PACIMV.

Educación, alquiler social o empleo, quejas destacadas

La inquietud motivada por las decisiones sobre la incorporación del alumnado a las aulas en el segundo trimestre del curso 2020/2021, o cómo proceder en la llegada del curso 2021/22 han sido objeto de tramitación de numerosos expedientes en el área de educación, aunque la institución destaca la situación de exclusión que se han seguido generando por las necesidades en tecnologías para la obligada educación semipresencial y/o digital.

Asimismo, el lugarteniente del Justicia se ha referido al elevado número de quejas referidas a viviendas de alquiler social, lo que motivó la elaboración por parte de esta Institución de un “Informe especial sobre Vivienda Social en Aragón”, del que se desprende que el parque de vivienda social no responde a las necesidades de la ciudadanía y se ha visto desbordado por los efectos de la pandemia, tras la crisis previa de 2008.

El empleo público, urbanismo, agricultura, servicios públicos o asuntos relativos a interior y justicia completan la totalidad de las materias de actuación en materia de defensa de los derechos de la ciudadanía.

El informe recoge también otras obligaciones que establecen distintas leyes en cuanto a la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, la situación de la igualdad dentro de las administraciones públicas en Aragón o la Ley de Derechos Históricos, una breve reseña de la actividad en Menores y datos de la gestión económica y administrativa.