Aragón pierde 950 oficinas bancarias en 15 años y busca alternativas a la exclusión financiera

Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios bancarios. Este es el propósito que persiguen las iniciativas dirigidas a acabar con la exclusión financiera, un fenómeno cada vez más extendido en Aragón que se encuentra en plena búsqueda de soluciones. A lo largo de los últimos 15 años, la Comunidad ha perdido un total de 953 entidades. Los últimos datos publicados por el Banco de España muestran que de las 1.794 sucursales bancarias que existían en el territorio en 2008, en septiembre de 2023 ya solo quedaban abiertas 841, lo que supone una reducción de más del 53%. Unas cifras que se traducen en que casi el 60% de los municipios aragoneses no cuentan con cajero automático ni oficina bancaria.

"La exclusión financiera es un fenómeno que atiende a la incapacidad de los ciudadanos para acceder de una forma apropiada a los servicios financieros que se estiman necesarios, por lo que lo podemos considerar nocivo", explica Javier Esteban, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza.

"En nuestro país -añade-, esta exclusión ha afectado tradicionalmente con mayor intensidad a ciertos colectivos en situación precaria, como inmigrantes o personas sin hogar. Sin embargo, en los últimos tiempos, la digitalización y la paralela reducción de la prestación de servicios presenciales ha extendido el riesgo a las personas que no disponen de los conocimientos o capacidades necesarias para acceder a los medios financieros digitales, en particular a las personas mayores o con ciertas discapacidades".

Además de las dificultades para el acceso, Esteban indica que las personas que disponen de unos servicios bancarios mínimos también ven afectado su normal desarrollo económico, laboral y social. "Estos están presentes, y son necesarios, en nuestro quehacer cotidiano, como la percepción del salario, el cobro de prestaciones sociales, el pago de servicios o suministros y de impuestos, la realización de transferencias, la contratación de productos de ahorro e inversión, la obtención de préstamos o la retirada de efectivo", subraya.

En cuanto a las posibles soluciones, el profesor universitario apunta: "El propio sector bancario, de manera voluntaria, ha planteado distintas medidas específicas para el ámbito rural. Así, se ha comprometido a que cualquier municipio de más 500 habitantes disponga de servicios financieros presenciales en algún grado: oficinas fijas, oficinas móviles, agentes o cajeros". Por otro lado, para los municipios de menos de 500 habitantes, "se aseguraría únicamente el acceso al efectivo, mediante sistemas como el 'cash back' o 'cash in shop', que permiten obtener liquidez en comercios mediante el uso de una tarjeta". Un compromiso del sector que, para Esteban, aunque limitado y con matices, puede valorarse de manera positiva.

"En todo caso, y aunque haya una mayor incidencia en el ámbito rural, las restricciones a los servicios presenciales también afectan a contextos urbanos, con cierres de oficinas, limitación de horarios para operativa en ventanilla o la utilización de sistemas de cita previa obligatoria", matiza.

Ofibuses

En la comarca del Maestrazgo, en Teruel, trabajan desde hace meses por poner en marcha una oficina móvil, conocida como 'ofibús'. Se trata de una de las medidas que más ha crecido en España, un 34,2% entre 2021 y 2022, hasta alcanzar los 502 repartidos por todo el territorio nacional. 

"La nuestra es una de las zonas más despobladas de Aragón, con una extensión geográfica brutal y carencia de servicios bancarios", explica Fernando Safont, presidente de la comarca. Actualmente, solo Castellote, Cantavieja y La Iglesuela del Cid disponen de sucursal, lo que supone que "algunos vecinos tienen que recorrer 40 kilómetros y pasar tres puertos de montaña para llegar a la entidad más próxima", ejemplifica Safont, quien además remarca que, debido a la mala cobertura, muchos negocios también tienen dificultades para utilizar servicios como los terminales portátiles de pago con tarjeta.

Para conseguir su objetivo, desde el Maestrazgo se pusieron en contacto con Caja Rural. "La recepción por parte de la entidad ha sido muy buena y hay voluntad de aportar financiación. Ahora estamos en negociaciones con el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel para hacer que esta ilusión sea una realidad", comenta el presidente. 

"La obligación de una persona que tiene sus ahorros en la entidad bancaria no es aprender a usar la banca 'online'. Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a acceder a estos servicios. Hablamos mucho de despoblación, pero ¿qué hacemos para combatirla?", se pregunta Safont.

Gestión territorial y desarrollo sostenible

"Es necesario proponer medidas que se acomoden a las peculiaridades de cada territorio, lo que podría contribuir al logro de una gestión territorial y un desarrollo más sostenible en Aragón", explican en su trabajo 'Financial exclusion, depopulation, and ageing: An analysis based on panel data' -'Exclusión financiera, despoblación y envejecimiento: un análisis basado en datos de panel', en español-  los matemáticos Pilar Gargallo, Manuel Salvador y Jesús Miguel y los geógrafos María Pilar Alonso y Carlos López-Escolano. El documento, publicado en la revista 'Journal of Rural Studies', se centra en la relación entre despoblación rural y exclusión financiera en la Comunidad.

Para su análisis, los profesores dividieron los municipios aragoneses en cuatro grupos -en función del tamaño de la población, el grado de envejecimiento, las posibilidades de empleo y el dinamismo económico- para proponer diferentes medidas de inclusión. 

Las localidades integradas en el grupo B1, como Torla, Monreal de Ariza o Cuevas Labradas, por ejemplo, son poblaciones más envejecidas, con menor dinamismo y oportunidades laborales, pero que tienden a agruparse geográficamente o estar cerca de municipios con oficinas. Los expertos llegaron a la conclusión de que, en ellas, sería necesario establecer centros bancarios compartidos combinados con esquemas de transporte comunitario que permitan a los habitantes de edad avanzada acceder a los servicios bancarios. 

En las localidades del grupo B3, como Benasque, Sarrión y La Almolda, con edades medias más bajas debido a la presencia de jóvenes y poblaciones más dinámicas, un posible remedio sería fomentar el uso de la banca 'online', proporcionando formación financiera y digital a los vecinos, así como mejorar las conexiones a Internet. Otra alternativa podría ser la instalación de cajeros automáticos, operados por bancos privados en acuerdo con autoridades públicas, para retiros de efectivo, y la creación de redes de agentes financieros que hagan que los servicios bancarios sean más accesibles sin la necesidad de abrir sucursales.

En el caso de los municipios del grupo B2, entre los que se encuentran Ansó, Puertomingalvo o Ariza, que están menos habitados y cuya población tiene una media de edad más avanzada, sus habitantes podrían ser atendidos a través de oficinas móviles o acceso a efectivo en tiendas, supermercados o farmacias, a través de servicios como 'cashback' o pago en tienda.

Por último, en el grupo B4, que incluye las tres capitales de provincia, la mayoría de las cabeceras comarcales y algunos municipios del área metropolitana de Zaragoza, sería necesario limitar los impactos no deseados de las sucursales sobrecargadas, promoviendo, por un lado, una mejor adaptación al nuevo entorno digital, y, por otro, la mejora de los niveles de atención al cliente para las personas mayores. 

"El cierre de oficinas no tiene por qué implicar exclusión financiera", aseguran los autores del trabajo. "Lo importante es garantizar conexiones de internet fiables y conseguir que las personas tengan habilidades suficientes para utilizar la banca digital. Por ello, dicha eliminación debe ir acompañada de la promoción de los servicios 'online' y la mejora de los niveles de formación, así como de alta velocidad de las conexiones", concluyen.