Alemania impone la vacuna obligatoria a los sanitarios

La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) ha aprobado la vacunación obligatoria para el personal sanitario y de residencias de ancianos, que tendrá hasta marzo de 2022 para presentar el correspondiente certificado. 571 diputados votaron a favor del proyecto de ley impulsado por los partidos de la coalición de gobierno de Olaf Scholz -socialdemócratas, verdes y liberales-, mientras que 80 votaron en contra y 38 se abstuvieron.

El personal que trabaje en centros con "personas vulnerables", como clínicas, consultorios médicos y residencias de ancianos, dispondrá hasta el 15 de marzo del año próximo para demostrar que están vacunados o que han sanado tras una infección por COVID. Este margen de tiempo es criticado por los líderes regionales, que lo consideran demasiado amplio, pero Scholz lo defiende por el hecho de que hace falta tiempo para recibir la pauta completa y el máximo nivel de inmunidad.

La supervisión de la medida quedará en manos del empleador, que en caso de no contar con el correspondiente certificado para la fecha prevista deberá informar a la Oficina de Salud local y prohibir al empleado en cuestión el acceso al puesto de trabajo.

A falta de referencias concretas, por el momento se entiende que la pauta completa de vacunación corresponde a dos dosis, aunque es posible que en el futuro sea necesario haber recibido también la de refresco.

El proyecto de ley aprobado hoy por el Bundestag también permitirá que, para acelerar la campaña de vacunación, las dosis puedan ser suministradas en farmacias y también por parte de dentistas y veterinarios que cumplan con determinados requisitos, durante un periodo de tiempo limitado.

Junto a este proyecto, el nuevo Gobierno trabaja ya en un marco legal para la introducción de la vacuna obligatoria de modo generalizado, con el objetivo de tenerlo listo para entrar en el trámite parlamentario hacia febrero.

Pese a las sucesivas llamadas a vacunarse del anterior gobierno de Angela Merkel, como del actual de Scholz, el porcentaje de ciudadanos con la pauta completa sigue siendo, con un 69,5 %, inferior al de otros países europeos.