Aragón aplicará el impuesto a las renovables este primer semestre y prevé recaudar 50 millones anuales

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de ley del nuevo impuesto que gravará las instalaciones de energías renovables en Aragón. El Ejecutivo aragonés calcula que recaudará unos 50 millones de euros al año (salvo en 2023, ya que de cuatro cobros solo podrá realizar dos por los plazos de implantación). La mitad del montante irá destinado a ayudar a los municipios afectados por la instalación de parques eólicos, fotovoltáicos y líneas de alta tensión, aunque, como ha adelantado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en el futuro esperan ayudar también a los municipios afectados por los saltos de agua y pantanos. 

"Ahora, las empresas vienen, instalan en nuestro territorio sus parques o torres y se van, usando esta tierra, pero sin dejar nada a cambio", ha señalado el consejero, que ha explicado uno de los matices a los que podrán acogerse algunas empresas: "Aquellos negocios que lleven aparejados proyectos de energías renovables para su consumo, como puede ser Microsoft, estarán exentos de pagar este impuesto porque generan empleo y riqueza en el territorio, y contribuyen a asentar población". 

Los parques eólicos de la Comunidad verán gravada ahora su producción, de forma que cada molino contribuirá en función de su altura y su potencia. "Con esta fórmula, pagarán más los molinos pequeños que los grandes, lo que tiene sentido, ya que lo que queremos es que se instalen molinos grandes y no muchos pequeños, que tienen afecciones medioambientales más elevadas para la fauna", ha indicado. 

El primer año de instalación de los parques estará bonificado al 100%, y el segundo, al 50%. Además, el impuesto afectará a las instalaciones nuevas y antiguas, incluidas las que estén en desuso si no se desmontan. 

En el caso de las instalaciones fotovoltáicas, la superficie vallada será la base utilizada para calcular el impuesto. Respecto a la alta tensión, el proyecto de ley establece el pago de 1.380 euros por kilómetro lineal de cable si superan los 400kw de potencia. 

Otras cuestiones

El Gobierno de Aragón ha aprobado llevar a cabo al liquidación del ejercicio 2021 y 2022 en el marco de las relaciones bilaterales del Ejecutivo y el Ayuntamiento de Zaragoza. "Hemos apostado por el consenso y el acuerdo a diferencia del anterior Gobierno, que optó por el conflicto", ha subrayado Vaquero, que ha informado de que la liquidación del año 2021 ascenderá a 4,7 millones y del 2022, a más de cinco millones de euros. 

El Consejo de Gobierno también ha aprobado remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria el nuevo proyecto de ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que sustituirá a la ley de diciembre de 2022. Se trata de un texto impulsado y redactado por el Ejecutivo anterior, pero que la convocatoria electoral impidió que viera la luz. "Es una forma de establecer, regular y coordinar el sector público autonómico, local y estatal ante una emergencia o catástrofe", ha comentado la vicepresidenta segunda de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero. 

Por otra parte, el Consejo ha dado luz verde a la creación de una cátedra para el impulso de proyectos e inversiones estratégicas para Aragón. Estará dotada con 300.000 euros anuales y en ella participarán tres representantes de la Universidad de Zaragoza y tres del Gobierno aragonés.