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La Audiencia Provincial de Valencia desestima el recurso por la absolución del Real Zaragoza de corrupción deportiva

El Zaragoza ha emitido un comunicado expresando su satisfacción

Aragón Deporte /
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La Justicia vuelve a estar de parte del Real Zaragoza una vez más, y esta vez según ha aseverado el club, podría ser la definitiva en el caso Levante-Zaragoza. Tras ser absueltos tanto los jugadores que participaron en 2011 en aquel partido como el club aragonés, así como el Levante, entrenadores y directivos, en el macrojuicio que comenzó con la denuncia de Javier Tebas en 2013 cuando era vicepresidente de LaLiga, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, el Deportivo de la Coruña y LaLiga.

Así, el Real Zaragoza ha expresado su satisfacción por esta decisión judicial en el siguiente comunicado que reproducimos íntegro en las siguientes líneas: 

"Con el respeto que siempre ha manifestado a la Administración de Justicia y su independencia, el Real Zaragoza expresa su satisfacción por la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de desestimar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción a la sentencia por la que se absolvía al Real Zaragoza de una injusta acusación de corrupción deportiva. Al recurso se habían adherido el Deportivo de La Coruña y la Liga de Fútbol Profesional.

 Como ya quedó reflejado en la Sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal nº 7 de Valencia, ni en la instrucción ni a lo largo del proceso se mostró prueba alguna que estableciera una vinculación del Real Zaragoza con la acusación formulada.

La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia refrenda así los argumentos reconocidos por el Juez en su Sentencia, dejando claro que no existe comisión de delito por parte de la Entidad. El fallo es definitivo y contra él no cabe posibilidad de recurso".

La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a todos los encausados, y también al que fuera máximo accionista del Real Zaragoza Agapito Iglesias y al entonces consejero delegado Javier Porquera por el delito de falsedad documental debido a la prescripción del mismo.

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