Visto para sentencia el juicio en el que se exige al Ayuntamiento de Teruel el derribo de 28 viviendas ilegales
La propietaria de los terrenos del barrio de la Pomecia, donde se alzan las casas, denuncia al Ayuntamiento de Teruel de inactividad en su resolución
Nuevo juicio por el conflicto urbanístico del barrio de Pomecia en Teruel, uno de los litigios históricos del Consistorio. La propietaria de los terrenos, sobre los que se asientan 28 de sus casas ilegales, ha pedido que se cumpla un decreto municipal, de 2011 y ratificado en 2018, que obliga su derribo. Considera que existe una inactividad por parte del Ayuntamiento al no haberse producido todavía, algo que niegan desde la institución.
Según ha explicado el abogado municipal, Miguel Ángel Pinedo, el derribo compete a los propietarios de las viviendas. Es algo en lo que se trabaja pero el proceso, por su complejidad, es largo. El letrado alega que todavía no han redactado órdenes de ejecución subsidiarias que obliguen a que sea el Ayuntamiento quien tenga que cargar con los costes de la demolición.
En esta zona viven unas 300 personas. El Ayuntamiento recurrió su propia orden de derribo para ganar tiempo y negociar con ellas. Desde la Fundación Secretariado Gitano de Teruel, su abogado Rafael Cid, señala que no puede haber una demolición sin que haya una alternativa habitacional para las personas afectadas.
La historia se remonta a 1966 cuando Cáritas construyó en un terreno legal las primeras 12 casas, a las que con el tiempo se añadirían el resto. El primer paso de la propietaria de los terrenos fue denunciar a tres exalcaldes por delitos urbanísticos, que fue archivado en 2008. El segundo juicio condenó al Ayuntamiento a compensar a la dueña de parte de los terrenos con una indemnización de casi 300 mil euros. A día de hoy, la decisión principal se concentra en el derribo o no de las 28 viviendas que siguen en pie.
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