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EDUCACIÓN

Varias organizaciones en defensa de la escuela pública recurrirán el concierto del Bachillerato en Aragón

Asociaciones de padres, de profesores, sindicatos y partidos de izquierda pedirán en los tribunales que se frene la norma. Creen que tiene lagunas legales e incompatibilidades con la ley

ARAGÓN NOTICIAS /
icono foto La plataforma en Defensa de la Escuela Pública se opone a que Aragón concierte el bachillerato. / Aragón TV

Asociaciones de padres, de profesores, sindicatos y partidos de izquierda, unidos en defensa de la escuela pública, pedirán en los tribunales que se frene la norma para concertar el Bachillerato en Aragón. Consideran que la orden publicada este miércoles por el Gobierno de Aragón tiene lagunas legales e incompatibilidades con la ley educativa. Además, ponen en duda su viabilidad con un Ejecutivo en funciones y unos presupuestos prorrogados.

"Como están prorrogados, será en detrimento del dinero que ya estaba presupuestado para la escuela pública. El propio departamento lo ha presupuestado en siete millones por curso, estamos hablando de detraer cada año más de 14 millones a una etapa no obligatoria, que está suficientemente cubierta por la escuela pública", señala Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar).

Junto a ello, recuerdan que hay, al menos, 2.300 plazas de bachillerato vacantes.

En el otro lado, las familias de la escuela concertada celebran la norma. Aseguran que es una medida que responde a una necesidad que asegurará la continuidad educativa de ESO a Bachillerato de cientos de alumnos

"Asegura que las familias podamos elegir libremente y no condicionados a que en un momento, en una etapa tan significativa, insisto, se tenga que ver truncada porque por temas económicos cientos de familias no puedan seguir ofreciendo a sus hijos la continuidad en su mismo colegio", apunta Miguel Ángel Serralde, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fecapa). 

Esta nueva ley ya está judicializada. En enero, el sindicato CSIF la recurrió y está pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

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