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SANIDAD

Un año de la ley de la eutanasia: Aragón ha recibido 18 solicitudes y ha aprobado cuatro

En España han recibido ayuda médica para morir 180 personas a lo largo del último año

EFE/ARAGÓN NOTICIAS /
La ley de la eutanasia cumple un año en España. / Freepik
icono foto La ley de la eutanasia cumple un año en España. / Freepik

Un año después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en Aragón se han presentado 18 solicitudes, de las que se han aprobado cuatro, y se prevé que el número aumente conforme se conozca la ley, como ha sucedido en otros países en los que está regulada. En total, en España, a lo largo del último año han recibido ayuda médica para morir 180 personas, de las que 22 han donado órganos con los que se han podido realizar 68 trasplantes.

En España pueden solicitar la eutanasia las personas mayores de edad y en plena capacidad de obrar y decidir en el momento de solicitarla, que se encuentren en los supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Y se articula la posibilidad de solicitar esta ayuda mediante el testamento vital o documento de voluntades anticipadas.

De las 18 solicitudes que se han presentado en Aragón, según los datos del Gobierno autonómico, cuatro han obtenido la verificación previa positiva de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir, -de los que se han realizado tres-, y hay otro caso en proceso de deliberación, mientras que en otros 13 no se ha llevado a cabo. De estos, en ocho casos las solicitudes han sido denegadas y en los otros cinco las personas que la habían solicitado fallecieron durante la tramitación, cuyo proceso se resuelve en un periodo de 35 a 40 días.

Las solicitudes las han hecho personas mayores con enfermedades terminales, cánceres la mayoría, que en algunos estaban en fase tan avanzada que han fallecido antes de que se les pudiera prestar, y también enfermedades neurológicas degenerativas.

Las denegadas, casi la mitad del total, no cumplían el contexto eutanásico, el solicitante tenía alguna patología mental que le imposibilitaba tomar una decisión coherente o, en otros casos, la enfermedad que padecían si no posibilidad de curación, sí tenía posibilidad de mejora clínica, explica el presidente en funciones de la Comisión de Garantías y Evaluación, Javier Olivera.

Procedimiento

El procedimiento para solicitar esta ayuda comienza con un escrito del paciente al médico responsable de su tratamiento y, en el caso de que no encuentre en el pleno uso de sus facultades pero haya firmado un testamento vital o un documento de voluntades anticipadas, podrá ser otra persona mayor de edad la que la presente en su nombre. A partir de este momento se inician una serie de trámites y un proceso deliberativo con unos plazos reglados que implican la participación de un segundo médico consultor, experto en la enfermedad del paciente, que debe emitir otro informe.

Los informes del médico responsable y del consultor, que pueden coincidir o no en su resultado, pasan a la Comisión de Garantías que es la que delibera y toma la decisión final. En caso de que la Comisión la deniegue, el paciente puede reclamar por la jurisprudencia contencioso administrativa, apunta Olivera.

A su juicio, es muy importante que exista esta Comisión, formada por 17 personas (nueve titulares y ocho suplentes), con médicos de familia, intensivistas, expertos en paliativos, dos enfermeras, un neurólogo, un psiquiatra, cinco juristas y una trabajadora social, un equipo “multiprofesional, con mucha sensibilidad que facilita mucho las discusiones de cada caso, que son largas y evalúan personas, no expedientes”.

“En algún caso incluso se ha llamado por teléfono al paciente para preguntarle entre todos los miembros y es una labor mucho más humana que burocrática, pero afortunadamente hay cinco juristas que garantizan que la ley se cumpla y que si un paciente tiene un derecho y cumple los criterios se aplique ese derecho”, destaca Olivera. Por eso se dice que la ley es “muy garantista” porque al paciente, “cuando todo va a favor”, lo ven tres médicos (responsable, consultor y el de la Comisión), además de un jurista.

Olivera admite que hubo al principio falta de información y de formación a los profesionales sanitarios que intervienen en el proceso, una carencia que ya se suple con iniciativas formativas y en lo que coincide el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, que define como “turbulenta” la puesta en marcha de la ley en Aragón.

Un año después de su entrada en vigor, desde el Colegio de Médicos de Zaragoza, su presidente valora que, “al margen de las reticencias éticas”, es una norma “adecuada para su objetivo y razonable, con garantías para las personas que quieren acogerse”, aunque reclama también una ley que regule y desarrolle los cuidados paliativos.

A su juicio, es muy necesaria “una dotación y una oferta en este sentido a la población” y, probablemente, muchos casos que pueden acabar en eutanasia “reconducidos con unos paliativos adecuados a lo mejor se hubieran evitado”.

A este respecto, el presidente de la Comisión de Garantías añade que en todos los países en los que se ha regulado la eutanasia han mejorado los cuidados paliativos y considera que un paciente debería solicitarla “por otros motivos” y no porque estos paliativos no sean buenos, aunque agrega que en algunos de estos países en los que está regulada la eutanasia y se cuenta con buenos paliativos, “sigue habiendo casos de eutanasia y no dejan de aumentar” porque son dos cosas “diferentes”.

Olivera recuerda además que un 5% de las personas que han firmado en Aragón el Documento de Voluntades Anticipadas han pedido acogerse a la eutanasia llegado el caso, lo que, asegura, “irá en aumento”.

Entre las dificultades que encuentra un año después de la entrada en vigor de la ley, el presidente de la Comisión de Garantías cita la valoración del sufrimiento, que “no es nada fácil de evaluar” y donde es importante el examen psicológico o psiquiátrico del paciente, y la obligación del respeto al mismo y a su autonomía, dado que tiene una ley que les da derecho a solicitar una ayuda para morir.

“Eso nos crea un dilema ético a los sanitarios porque no estamos preparados ni hemos sido educados para ello, y la sociedad va en esto por delante que nosotros”, por lo que siguen siendo “dilemas” en los que tienen “mucho que trabajar los sanitarios y los colegios de médicos, enfermería y bioética”, concluye. 

Un derecho consolidado

Cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la ley que la regula, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que la eutanasia es un derecho consolidado. "Es la celebración del primer año de vida de un derecho que nos dignifica como seres humanos y como sociedad", ha destacado Darias, en un acto celebrado en la sede del ministerio por este aniversario, en el que ha subrayado que se trata de una prestación sanitaria que permite acceder con más garantías "a uno de los bienes más valiosos de la condición humana: la voluntad y la dignidad".

La ministra de Sanidad ha agradecido el impulso realizado por las comunidades autónomas, los sanitarios y la comunidad científica para poner en marcha la ley, aunque ha reclamado "la misma velocidad" de implementación "para ofrecer las mismas garantías y para que todas las personas tengan los mismos derechos vivan donde vivan".

"Las solicitudes de los pacientes se están haciendo en un marco de pleno compromiso por los miembros de los comités de garantías" y otros intervinientes, y con datos aún provisionales, ha explicado tras informar de que se han realizado 180 eutanasias en un año. "180 personas a las que hemos ayudado a morir de manera digna, como ellos han decidido", aseguraba la ministra.

Además, Darias ha detallado que la donación de órganos de 22 de esas personas ha permitido realizar 68 trasplantes. "Supone una mejora de la vida para muchas personas y recuerda que morir también es un acto de generosidad".

Ante un foro de profesionales que intervienen en la aplicación de este derecho, Darias ha apelado al "coraje y el compromiso de todos" por cambiar el final de la historia de muchas personas.

"Se está desarrollando la ejecución de este derecho adecuadamente" aunque a distintas velocidades, ha aseverado la responsable de Sanidad, quien ha recordado que su departamento mantiene encuentros periódicos con las consejerías para ir valorando las solicitudes de ayuda de los pacientes para morir.

Después de un año, a juicio de la ministra, el sistema sanitario "es más inclusivo y universal" y ha contribuido a construir una sociedad "más justa, equitativa, generosa y decente".