Un año de la dana en Valencia: 229 muertos, recuperación millonaria y la causa judicial aún abierta

Las inundaciones causadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que devastaron gran parte de la provincia de Valencia, causaron 229 fallecidos. Además, 2.641 personas resultaron heridas, 117.000 recibieron atención médica, y se calcula que fueron 303.295 las personas afectadas de forma directa o indirecta. 

La furia del agua dejó daños materiales que se han cifrado en 17.800 millones de euros, aunque otras estimaciones elevan la factura económica hasta los 29.000 millones. Resultaron afectados 66.000 locales comerciales, 15.969 viviendas y 115 centros educativos.

15 municipios de la provincia de Valencia fueron los más dañados, a los que se ha denominado como la 'zona cero' de la dana, como Paiporta, Catarroja o Aldaia.

El paso de la dana por Aragón también causó graves daños en localidades de las provincias de Zaragoza (Cimballa, Llumes, Jaraba, Nuévalos o Herrera de los Navarros), y de Teruel (Mazaleón, La Hoz de la Vieja, Olba, Montalbán o Valderrobres), y zonas, como el Monasterio de Piedra, también se vieron gravemente afectadas.

Daños por la dana en el Monasterio de Piedra (Zaragoza). / Aragón TV

Este miércoles a las 18:00 tendrá lugar un funeral de Estado en homenaje a las víctimas en el Museo Príncipe Felipe, ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital valenciana, y al que asistirán familiares de las víctimas y representantes de las principales instituciones del Estado. 

Causa judicial abierta

Un año después de la tragedia, la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha acordado prorrogar seis meses más la investigación. Considera que todavía quedan decenas de perjudicados, testigos y peritos a los que quiere tomar declaración.

Hasta el momento hay dos imputados: la que fuera consejera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, y su número dos. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes.

Pradas, máxima responsable de la gestión de la dana y destituida tres semanas después, reconoció inicialmente desconocer el sistema ES-Alert con el que se podría haber prevenido a la población.

La exconsejera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas. / Aragón TV

El aviso se envió a las 20:00, cuando muchas de las víctimas habían muerto, y es ahí donde la jueza que instruye la causa pone su foco.

Junto a Pradas está también imputado su número dos, Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencia, que dimitió un mes después de la dana.

Ambos están siendo investigados por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, castigados con hasta cuatro y tres años de prisión respectivamente.

Fuera de la investigación judicial está, por el momento, el presidente valenciano Carlos Mazón, aforado por su cargo de presidente. La jueza sí le propone declarar de manera voluntaria, pero él lo ha rechazado. Llegó al Cecopi, según muestra un vídeo, a las 20:30. Ese día había estado comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, a quien la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado que declare como testigo.

La Generalitat ha asegurado en repetidas ocasiones que hubo falta de avisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ambas dependientes del Gobierno central.

Hasta ahora, la jueza considera que la gestión de la dana es autonómica y ha descartado investigar a Miguel Polo, presidente de la CHJ.
 

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